Javier Milei volvió a defender el principio de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y cuando le pidieron que se retracte vía carta documento no lo hizo. Fue el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM). La organización le dio 24 horas al presidente para que rectifique sus dichos. Frente a la omisión de respuesta, ahora irán a la Justicia con una denuncia penal en su contra.
La carta documento del CECIM fue enviada el 2 de enero, dirigida al mandatario. Allí, el presidente del organismo, Rodolfo Carrizo, lo exhortó a que se retracte públicamente de las afirmaciones vertidas durante una entrevista que dio al medio británico The Telegraph y que apareció publicada el 29 de diciembre del 2025.
En uno de los párrafos, el autor del artículo señaló que Milei “dice que el territorio (por las Islas Malvinas) debería regresar a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”. Aunque suene increíble no fue la primera vez que el mandatario argentino pronunció una frase similar.
El 2 de abril del año pasado, cuando participó del acto por el Día del Veterano y los Caídos de Malvinas, ratificó su defensa de la soberanía argentina sobre las Islas pero advirtió que “dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. En aquel entonces fue más allá. “Buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos (por los kelpers) prefieran ser argentinos y que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, lanzó.
Ni esas afirmaciones ni las recientes pasaron desapercibidas. Los primeros en salir a criticar al presidente fueron los veteranos de Malvinas, que señalaron que esas declaraciones son contrarias a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que dice que “la Nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional”. Esa manda también señala que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Esa misma disposición fue citada en la carta documento que le mandó el presidente del CECIM a Milei días atrás, con la aclaración de que “la manda constitucional exhorta a respetar el modo de vida de los isleños, pero nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”.
Sobre esa base, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, que representa al CECIM, confirmó a Tiempo que en los próximos días denunciarán a Milei ante la Justicia Federal de Comodoro Py. La intención es pedir que se habilite la feria judicial, pero en caso de que eso no ocurra insistirán en febrero, una vez que se reanude la actividad de la Justicia. “Le hemos dado el plazo prudencial para que se retracte y no lo hizo”, aseguró el letrado.
Cuando en abril del año pasado Milei se pronunció por primera vez a favor del principio de soberanía de los habitantes de las Islas ocupadas ilegalmente por Reino Unido, la Confederación de Combatientes de Malvinas fue a Comodoro Py y presentó una denuncia contra el presidente. Le achacaron la comisión de los delitos de violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria, pero la denuncia no prosperó.
En aquel entonces, el juez Sebastián Ramos le pidió al fiscal Carlos Rívolo que dictamine sobre la presentación, y el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) postuló su desestimación tras alegar la inexistencia de delito.
Para el representante de la acusación pública, de los dichos del presidente no se había desprendido “una intención de renunciar a los reclamos de soberanía” que ordena la Constitución. Asimismo alegó que se pretendía atribuirle un supuesto abuso de autoridad “solamente por sus dichos en el marco de un discurso” cuando “esas manifestaciones no se tradujeron en alguna resolución u orden específica que pueda llegar a considerarse contraria a la ley”.
En síntesis, para el fiscal recién podría haber un incumplimiento en caso de que el presidente firme una resolución en línea con la defensa de la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
Para Guerrero Iraola, el argumento que usó el fiscal en ese entonces está lejos de ser razonable. “El presidente y el canciller tienen carácter de plenipotenciario y obligan a la República Argentina ante la comunidad internacional. Hay un principio del Derecho Internacional que se llama Teoría de los Actos Propios, que justamente lo que determina es que cuando un plenipotenciario se expresa en un sentido y hay otro Estado que puede eventualmente consolidar un derecho o sacar provecho de esa situación, eso configura un precedente en el marco del derecho internacional”, explicó.
En esa línea, el abogado sostuvo que no se trata de “un borracho diciendo una cosa en una plaza” sino que es el presidente de la Nación, que tiene misión, atribuciones y funciones en el marco de la representación del Estado Argentino. “Sostener que necesitás un acto escrito o una resolución para que los dichos o actos de una personalidad pública de esa envergadura genere efectos jurídicos es una burrada”, añadió.