A través de un mensaje en redes sociales, Correa revindicó una vez más su inocencia frente a la condena de ocho años de prisión e inhabilitación política que le fue impuesta en 2020 por cohecho en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, donde tanto él como varios de sus colaboradores fueron condenados por la financiación irregular de Alianza País, el movimiento político oficialista en ese momento.
«La maldad humana… obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por ‘influjo psíquico’ y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos. Meten hasta a mi familia ¡No hay derecho!», expresó Correa, quien siempre cuestiona que en la sentencia donde se le condenó se le atribuyese ‘influjo psíquico’ sobre los demás involucrados.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glas «no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato».
De acuerdo con la administración de Joe Biden, el ex mandatario ecuatoriano y su ‘número dos’ abusaron de sus cargos públicos «al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables».
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador precisó en un comunicado posterior que la prohibición de ingreso a su territorio impuesta a Correa y Glas también se extiende a sus familiares más cercano.
En el caso de Correa, la prohibición también abarca a su esposa de nacionalidad belga, Anne Malherbe, y a sus hijos mayores de edad Sofía, Anne Dominique y Rafael.
Para Glas, la restricción se aplicará también a su esposa, Cinthia Díaz, y al hijo de ambos, Jorge Glas Díaz.
Las acusaciones y condenas
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, antes de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitase su extradición.
Por su parte, Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, donde este había llegado en diciembre de 2023 para pedir asilo diplomático, condición que se le concedió horas antes de su detención por el Gobierno mexicano.
Sobre Glas pesaba entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
El ex vicepresidente, que al igual que Correa se declara una víctima de ‘lawfare’ y persecución política, también debía terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 por asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos.
Glas fue inicialmente encarcelado en 2017 y salió de prisión en 2022 gracias a una polémica resolución judicial de un juez que la semana pasada fue condenado por prevaricación en la tramitación de la resolución que permitió al exvicepresidente recuperar la libertad.