Integrantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advierten que una de las iniciativas que tratará este miércoles en la sesión convocada por el PRO en la Cámara de Diputados “profundizará el problema de los presos en comisarías”. Se trata del proyecto de ley de “reiterancia”, enviado por el Poder Ejecutivo, que busca aumentar la cantidad de prisiones preventivas en la justicia nacional y en la federal.
Si bien, desde el mediodía, el foco estará puesto en el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los políticos con sentencia en segunda instancia ser candidatos a cargos nacionales, en el temario de la misma sesión se debatirá un proyecto que introduce en el derecho penal el concepto de reiterancia delictiva. Se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente.
El texto, plantea que “a partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”, por lo que podría determinarse la prisión preventiva durante una investigación.
En diálogo con Tiempo, Julián Alfie, director ejecutivo del INECIP, señaló que “es una ley que, al ampliar indiscriminadamente las prisiones preventivas, agravará la situación de absoluta emergencia que tienen las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, en las cuales miles de personas están alojadas en espacios que no están habilitados para ello, en condiciones precarias y vejatorias, con altas posibilidades de fuga”.
La pregunta que se hace Alfie es dónde van a alojarse las personas que serán encerradas en virtud de esta ley. Según el abogado “la respuesta no puede decirse. Seguirán llenando las comisarías, sus oficinas, sus patios, sus quinchos o sus inhabitables calabozos. Y, lejos de contribuir a una política criminal más eficaz, lo que se está promoviendo es una política criminal tonta, que persigue a quienes son los clientes habituales del sistema penal, aquellos que las policías determinen como tales”.
“Es decir, fiscales, jueces, policías, van a gastar su tiempo en sujetos menores, que podrían ser abordados con otras herramientas y se va a seguir postergando la verdadera necesidad de la política criminal federal: mejorar su capacidad de alcanzar a aquellos que hoy no alcanza, que son los actores centrales de las organizaciones criminales o los actores con poder político, económico, profesional. Y que están muy lejos de ser reiterantes y de los que el sistema se va a seguir alejando”, agregó.
Según plantea un informe del INECIP, los diputados estarán tratando “una reforma irresponsable, inconstitucional, innecesaria y contraproducente”. Y es que sostienen que aplicar el “peligro de reiterancia” es una puerta abierta a la arbitrariedad judicial y a la aplicación de un inaceptable “derecho penal de autor”; y se modifica la forma en la cual se computa la reincidencia. En todos los casos se trata de una apertura indiscriminada a la prisión preventiva, que viola el principio liberal clásico de reducir las detenciones sin condena.
Desde el INECIP, plantean que el gobierno está yendo rumbo a una política criminal “boba” y que “la reforma es innecesaria, ya que, con las leyes vigentes, la cantidad de presos en Argentina se duplicó en la última década, sin que ello haya impactado considerablemente en las estadísticas criminales.
El pasado mes de junio, el PRO logró que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionara la Ley de Reiterancia con 36 votos positivos y con Unión por la Patria y diputados de izquierda en contra. La iniciativa fue impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco de una modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad. Ahora apuestan a darle sanción en la Cámara Baja para que luego siga su camino por el Senado de la Nación.