España ofreció la nacionalidad española a los más de 200 opositores liberados por Nicaragua, que fueron deportados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.»El Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararlos apátridas», anunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista publicada este viernes por la agencia de noticias Servimedia.
Albares precisó que entrarán en contacto con los opositores, y que el trámite podría ser rápido, por la vía de la carta de naturalización, informó la agencia de noticias AFP.
El Gobierno de Nicaragua anunció el jueves la deportación hacia Estados Unidos de esos 222 opositores presos, entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, a quienes despojaron de su nacionalidad y los inhabilitaron de forma perpetua para ejercer cargos públicos
La decisión implicó un fallo judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington para que aceptara recibir a los ahora expresos.
El presidente, Daniel Ortega, negó que las excarcelaciones se hayan dado en el marco de una «negociación con Estados Unidos» y también el Gobierno de Joe Biden descartó algún tipo de contraprestación hacia el país centroamericano.
Ortega aclaró que el obispo Rolando Alvarez se negó a ser deportado y por eso sigue entre rejas.
Entre los opositores liberados estaba la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios. Ambos son hijos de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997).
El juez nicaragüense que certificó la expulsión informó que todos fueron privados a perpetuidad de sus derechos políticos, y el Gobierno les retirará la nacionalidad nicaragüense.
En ese sentido, el Parlamento integrado por partidarios de Ortega aprobó el jueves una ley según la cual los «traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense». La norma requiere una segunda aprobación legislativa en el segundo semestre de este año, que se da por descontada.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.