El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exministro de Justicia del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, «arrepentido» del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados, resolución que fue apelada por la fiscalía, informaron este lunes a Télam fuentes judiciales.El sobreseimiento apelado este lunes había sido dictado por Ercolini el 2 de diciembre y benefició también al exdirector del programa de protección de testigos Alejando Lagos y al propio Vandenbroele, junto con Garavano, los tres imputados para quienes la fiscalía había solicitado que se les tomara declaración indagatoria.
A través de un escrito de 33 páginas presentado este lunes, la fiscal Paloma Ochoa volvió a repasar las supuestas irregularidades detectadas en el caso Vandenbroele, reclamó que se revoque el sobreseimiento de los imputados e insistió con que se les tome declaración indagatoria, tal como había requerido en febrero pasado.
Para la fiscalía los exfuncionarios habrían cometido los delitos de abuso de autoridad y defraudación a las arcas públicas dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de 2 años contra los 6 meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.
En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la que resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de «administración infiel».
Al dictar el sobreseimiento de los imputados, Ercolini se valió de los descargos escritos que formularon durante el trámite de la causa y evitó así llamarlos a indagatoria: en su presentación Garavano había asegurado que no podía conocer lo que ocurría con el legajo de Vandebroele porque era secreto y que únicamente se limitó a firmar dos resoluciones para autorizar pagos.
«Respetuosamente, dicha afirmación configura un manifiesto contrasentido y violenta la ley vigente. Si la ley pone en estricta cabeza de quien ejerza el Ministerio de Justicia la autorización de determinadas erogaciones, es precisamente para que previo a autorizarla, ejerza el debido control republicano», afirmó la fiscal Ochoa al apelar el sobreseimiento.
Para la fiscalía, el exministro de Justicia «reconoció» en su descargo «que autorizó erogaciones millonarias sin haber controlado su racionalidad y consecuente justificación en antecedentes fácticos y normativos conforme exige el artículo 10 de la ley 25764 (…) Corresponde señalar que el resguardo del secreto de datos objetivos (nombre del protegido, dirección, etc.) en modo alguno configura un obstáculo al deber de control para el cual fuera convocado por ley».
Del análisis del legajo de Vandenbroele surge la detección de «una multiplicidad de vicios e irregularidades conocidas» por Lagos y Garavano, a quienes la fiscalía les acusó también de haber tomado la decisión deliberada de no activar los procesos de expulsión que marca la ley ante el incumplimiento de las pautas que marca el programa.
La fiscal Ochoa sostuvo que del legajo 753/2017 surge que Vandenbroele «mintió al programa e incumplió sistemáticamente los parámetros de conducta, conforme documentaron los operadores, razón suficiente para que fuera iniciado del proceso de exclusión».
A modo de ejemplo, la fiscal citó que los operadores del programa informaron que «el día 4 de enero de 2018 Vandenbroele, aduciendo con engaño una autorización inexistente se movilizó solo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección».
En esa ocasión, además, los operadores lo siguieron y lograron observar que en el centro de Pilar un hombre con un portafolios se subió a su vehículo, situación que su custodia dijo haber fotografiado, aunque tales imágenes no habrían sido anexadas al legajo.
Ya en el primer el dictamen presentado en febrero ante el juzgado federal 11, que subroga Ercolini, la fiscal había detallado que a Vandenbroele «se le brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa», y que el imputado accedió a pagos en «forma injustificada», como los 840.000 pesos para un proyecto hotelero, «Posada La Masía», en Mendoza.
También hubo un desembolso de 200.000 pesos por «honorarios a fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva de Vandenbroele por ante la AFIP», detalló la fiscal.
La causa se inició a partir de una publicación periodística del portal de noticias El Destape en la que se detallaban aspectos del legajo personal de Vandenbroele en el programa de protección de testigos.