Noche tras noche, misiles y bombas planeadoras llueven sobre las ciudades ucranianas sin otro propósito que matar y aterrorizar a la población. Según el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (marzo de 2024), «los ataques con armas explosivas en zonas pobladas siguen siendo la principal causa de muerte y lesiones entre la población civil en Ucrania». Las cifras de la Comisión muestran que el 84% de las 10.582 muertes de civiles en Ucrania (a 15 de febrero de 2024) se deben a este tipo de ataques. No se trata de una coincidencia, sino de la prueba de un patrón de conducta criminal.
Los ejemplos abundan. En un único ataque a una cafetería en Hroza, en octubre de 2023, murieron 59 personas, entre ellas 36 mujeres. El informe sobre la masacre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que «la OACDH tiene motivos razonables para creer que no había personal militar ni ningún otro objetivo militar legítimo presente en la recepción en el café que siguió al funeral celebrado en el cementerio a las afueras del pueblo o en sus proximidades».
En otro ataque en junio del año pasado en Kramatorsk (del que algunos de nosotros fuimos testigos), una pizzería fue destruida por un misil Iskander, matando a 13 personas, entre ellas la gran escritora Victoria Amelina, e hiriendo a 64. Una semana después, mientras Victoria era velada en su ciudad natal, Lviv, a más de 1.000 km del frente, un edificio residencial cercano fue alcanzado por un misil ruso que causó 10 muertos y 48 heridos.
Semana tras semana, Ucrania sufre ataques tan salvajes. Hace poco, otro misil Iskander alcanzó un hotel de Kramatorsk, matando a un miembro de un equipo de Reuters e hiriendo gravemente a otros. Según cifras del ACNUDH, julio y agosto han sido los meses más mortíferos en dos años. De ahí la urgencia.
El hecho de que hayan muerto civiles en prácticamente todos los oblast de Ucrania, como muestran los mapas de la OACDH, demuestra también que los ataques tienen poco que ver con el desarrollo de las hostilidades militares. Más bien, forman parte de una campaña para aterrorizar a toda la población de Ucrania.
Tampoco se salvan los objetivos civiles. Se destruyen hospitales, incluidos hospitales infantiles, como ocurrió en Dnipro y Kiev; se incendian bibliotecas e imprentas, como ocurrió en Kherson y Kharkiv (Rusia ha destruido 138 bibliotecas, según el Ministerio de Cultura de Ucrania); un gran centro comercial es arrasado en pleno día por una bomba teledirigida, como ocurrió en Kharkiv en mayo. Truth Hounds, una organización que documenta crímenes de guerra, estableció que la bomba de este atentado estaba ¡integrada en el kit de guiado y planeo con sistemas de navegación inercial y por satélite».
A veces los ataques se repiten inmediatamente en lo que se conoce como táctica del «doble golpe», destinada a causar el máximo daño. La OACDH documentó en su último informe sobre Ucrania «cinco casos en los que municiones de alta precisión impactaron en el mismo lugar u objetivo… dos veces en un breve intervalo de tiempo, causando la muerte o lesiones a trabajadores de emergencias, agentes de policía, paramédicos y otros primeros intervinientes civiles que ayudaron a las víctimas del primer impacto».
Es fácil ver una pauta y detectar una política en todos estos ataques, en consonancia con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma: un crimen cometido «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque».
Pero lo que estamos presenciando en Ucrania va más allá de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es el desprecio absoluto de los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales que durante tanto tiempo han proporcionado a los civiles la única protección en tiempos de guerra y son una de las grandes conquistas de la humanidad.
La estrategia de la Federación Rusa de atacar y matar deliberadamente a civiles en Ucrania amenaza con convertir todo el edificio del Derecho Internacional Humanitario en una cáscara vacía, con consecuencias mucho más allá de Ucrania.
Es cierto, señor Secretario, que la corrosión del DIH comenzó mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Los estudiosos la sitúan en la conducción por parte de Estados Unidos de la llamada «guerra contra el terrorismo».
También es cierto que se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad atroces en otros lugares, como sabemos por las imágenes de Gaza que vemos con incredulidad en nuestras pantallas de televisión. Y luego están los crímenes de guerra que no podemos ver, como en Sudán.
Rescatistas, voluntarios y trabajadores médicos, algunos con uniformes ensangrentados, limpian los escombros y buscan víctimas después de que un misil ruso impactara en el principal hospital infantil del país, Okhmadit, en Kiev. Foto APTodos deben ser condenados con firmeza. Ignorar ciertas violaciones mientras se denuncian otras por preferencias geopolíticas contribuye a debilitar la protección de los civiles. Los dobles raseros son dobles raseros, independientemente de la ideología.
Como latinoamericanos, esto nos afecta especialmente. América Latina contribuyó significativamente a la introducción de la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y a muchos otros avances del derecho internacional y de los derechos humanos, como la codificación del delito de desaparición forzada en el Estatuto de Roma. Después de haber sufrido tanto nosotros mismos, creemos que las normas no deben aplicarse de forma selectiva.
Pero también es cierto que la Federación Rusa presenta un caso especial, porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad y, como tal, todos los miembros de las Naciones Unidas le han confiado la «responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales», según la Carta de la ONU. La Carta también establece que «en el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad actuará de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas» (Art. 24).
América Latina lleva mucho tiempo llamando la atención sobre la pesada carga de responsabilidad que conlleva ser miembro permanente. En 1945, en San Francisco, durante la conferencia fundacional de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores y futuro presidente de Colombia, Alberto Lleras, emitió el voto de Colombia en contra de la concesión del poder de veto (ningún otro país lo hizo, excepto Cuba) y, a continuación, señaló que conferir el poder de veto a los miembros permanentes constituía «una prueba exorbitante de confianza por parte de los demás países asociados en la Organización de las Naciones Unidas».
Exorbitante. Es esta confianza de la comunidad de naciones la que la Federación Rusa ha traicionado ampliamente. Por lo tanto, le rogamos que transmita este mensaje al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, y que pida al Presidente de la Asamblea que considere si la Federación Rusa no debería ser suspendida de la Asamblea, como lo fue Sudáfrica en 1974, hasta que se comporte de forma coherente con sus responsabilidades en virtud de la Carta y con las expectativas de los Estados miembros.
Diego García-Sayán, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Perú y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Claudio Grossman (Chile) ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex Presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Premio Nelson Mandela; Jorge Castañeda, ex Ministro de Asuntos Exteriores de México; Oleksandr Pavlichenko Director Ejecutivo de la Unión Ucraniana de Helsinki para los Derechos Humanos (Kiev).
Además, Noemí Sanín, ex Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia; Juan E. Méndez (Argentina), ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura; Celso Lafer, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil; Dmytro Koval, Codirector Ejecutivo de Truth Hounds (Kiev); Eduardo Stein, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala y ex Vicepresidente de Guatemala; Didier Opertti, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay y José Miguel Vivanco (Chile), ex Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
También, Guillermo Fernández de Soto, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Colombia; Víctor E. Abramovich (Argentina), ex Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Alejandro Foxley, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Chile; Olga Aivazovska, Presidenta de la Red Civil OPORA (Kiev); José Antonio García Belaunde, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Perú; Olena Rozvadovska Cofundadora de La Voz de los Niños (Kiev); Carolina Barco, ex Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia; Alfredo Moreno, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Chile y José Ugaz (Perú), ex Abogado del Estado Ad-hoc, ex Presidente de Transparencia Internacional.
Kateryna Cherepakha Presidenta de la OSC «La Strada-Ucrania» (Kiev); Rubens Ricupero, ex Ministro de Finanzas de Brasil y ex Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Eduardo Bertoni (Argentina), ex Relator Especial de Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz de Colombia; Tetyana Teren Directora, Centro Ucraniano de PEN International (Kiev); Roberto Gargarella (Argentina) Profesor, Teoría Constitucional Universidad Torcuato di Tella; Olha Sahaidak Cofundadora, Dofa fund: Cultural Networking (Ucrania), Héctor Abad Faciolince (Colombia), escritor.