En ambos casos las cesantías están relacionadas a fondos nacionales que el gobierno de Javier Milei decidió recortar, afectando a todo aquello que dependa de ese origen.
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p style=»text-align: justify»>En el caso del IPT, por lo menos una veintena de empleados no deberán ir a trabajar más desde el viernes 1 de marzo, debido a que sus sueldos que dependían del Fondo Especial del Tabaco no llegarán más a través del Ministerio de la Producción. De allí se pagaban a técnicos y administrativos, pero desde la Nación la veían como una caja política del estado provincial.
En tanto la ANDIS deja cesantes a una decena de empleados, con la particularidad que toda la planta quedó afectada, vaciando por completo al organismo, de tal manera que no hay a quién entregar la llave del edificio que ocupaban.