Según información que trascendió en las últimas horas, aproximadamente el 70% del articulado que da forma al Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- número 70, que dictó el presidente Javier Milei, fue cuestionado por distintas vías judiciales. El capítulo más cuestionado tiene que ver con la reforma a la legislación laboral. Si no surgen contratiempos, posiblemente en el transcurso de esta semana alguno de los magistrados que tienen en sus despachos los recursos de amparo puedan resolver esos planteos. Si es a favor de los peticionantes, es decir en contra de la disposición gubernamental, se abrirá un nuevo escenario de discusión, y también de acción por parte de los inquilinos de la Casa Rosada.
El tema no es secundario, se trata ni más ni menos del marco legal que rige la actividad laboral en la Argentina, un asunto que está pendiente de ordenamiento desde hace bastante tiempo. Lo llamativo es que todos los sectores, desde lo discursivo, se muestran predispuestos a debatir sobre la actualización del régimen laboral; sin embargo, cuando aparece un proyecto sobran las objeciones y no se puede avanzar.
«Así no invierte nadie en la Argentina», dijo con su habitual énfasis Guillermo Francos. El veterano dirigente, que prestó servicios durante el menemismo, no es solo el ministro del Interior. Es el hombre fuerte en el Gabinete armado por Javier Milei, quien lo conoció en el sector privado cuando ambos coincidieron en el holding de Eduardo Eurnekian, donde también abrevaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y otros cerebros claves del actual Gobierno. Francos es ahora la punta de lanza de los movimientos en el Congreso de la Nación.
«No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino, se para todo», disparó hace una semana el ministro. Hay razones atendibles en su queja. Lo laboral es clave, no se puede demorar más tiempo y algo hay producir legislativamente.
En medio de una crítica al paro general dispuesto por la CGT para repudiar las primeras medidas del gobierno libertario, Franco sostuvo: «Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando».
Quizás sea pertinente revisar qué fue lo que pasó con el empleo en la última década en el país para comprender la importancia de avanzar no solo con el debate, sino con las acciones.
En una rápida mirada a los números surge que en 2011 había 17,5 millones de trabajadores en la Argentina, mientras que ahora son casi 21 millones, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -Indec-.
Pues bien ¿dónde se crearon los 3,5 millones de nuevos empleos en estos doce años?
-Informales (trabajadores en negro): 1.160.000 (33,6%)
-Monotributistas: 1.170.000 (33,9%)
-Asalariados Públicos (es decir, empleados estatales): 830.000 (25,3%)
-Asalariados privados: 250.000 (7,2%)
Dos de cada tres empleos generados corresponde a personas que trabajan en la informalidad o (en su gran mayoría falsamente) como «independientes» (incluye monotributos).
«Si sumamos a los empleados públicos llegamos al 92,8%. Esta economía sólo genera empleo precario y de baja o nula productividad. Eso explica porqué el salario real no para de caer», explicó el economista Esteban Domecq.
Solo un 7,2% de los nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector privado -asalariados registrados-, que es empleo formal de alta productividad. Son apenas 250.000 empleos en 12 años.