El presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores provinciales denunciaron este martes un «asalto al Consejo de la Magistratura» dentro de los argumentos que se esgrimieron para promover el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, por la reposición de una ley derogada sobre ese organismo y la controversia sobre la designación de los consejeros del Congreso Nacional.En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, el primer mandatario y los gobernadores aseguraron que hubo un «asalto al Consejo de la Magistratura», y denunciaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley aprobada en el 2006 y que estuvo en vigencia hasta el 2021.
En ese sentido, se señaló que en el dictado de ese fallo los magistrados decidieron «arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional».
«De esa manera, el Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por uno de los miembros que lo firmó», subrayaron.
El documento agrega que «al haber reinstaurado el régimen de la Ley N° 24.937, la Corte restableció la previsión según la cual el Presidente del Alto Tribunal será, a la vez, el Presidente del Consejo de la Magistratura (artículo 10 de dicho cuerpo de normas)».
La Corte declaró inconstitucional la ley 26.080 que establecía que el Consejo se integraba con 13 miembros y repuso la ley 24.937 que fijó en 20 el número de los miembros de ese cuerpo y que la presidencia recaía en la presidencia del alto tribunal.
En el escrito se subrayó que el fallo contó con el voto de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quien «de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa».
Además destacó que dicha sentencia «se dictó apenas diez días después de que el Poder Ejecutivo Nacional remitiese un proyecto de ley al Congreso de la Nación sobre la integración del Consejo de la Magistratura, lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso».
«Sin embargo, ello no fue todo, ya que los arbitrarios avances de la Corte no cesaron, sino que se profundizaron una vez que el ministro Rosatti asumió como Presidente del Consejo de la Magistratura», agregó.
En el documento se trata el tema de la elección de los senadores para integrar el Consejo y se critica la decisión de la Corte Suprema, que hizo lugar al amparo presentado por Luis Juez que reclamaba el lugar de Martín Doñate.
Sobre este punto, el Presidente y los gobernadores afirmaron que «la Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional», indicaron.
«Sin embargo, la gravedad de los avances realizados por la Corte no culminan allí. Semanas después hizo lo propio respecto de la Honorable Cámara de Diputados, con similares argumentos, pero para resolver exactamente en sentido contrario», señalaron.
La Corte Suprema no aceptó el pedido de suspender la jura de los cuatro diputados ante el pedido de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien hizo esa solicitud en base al fallo del juez Martín Cormick, que objetó la elección de la radical Roxana Reyes.
En ese sentido el documento señala que «en franco desconocimiento del caso judicial en curso» la Corte Suprema ordenó, el pasado 15 de diciembre que se tome juramento a los diputados del FdT Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, Álvaro González (PRO) y la radical Roxana Nahir Reyes.
«De esa manera, la Corte invalidó también las resoluciones dictadas por la Presidencia de la Cámara de Diputados, en lo que se muestra como otro nuevo avance sobre la autonomía e independencia del Poder Legislativo, sin reparar que la misma, estuvo motivada en -ni más ni menos- que un fallo judicial emitido en el marco de un amparo en trámite y específicamente motivado en una sentencia de la propia Corte sobre la misma temática: la integración del Consejo de la Magistratura», completaron.
En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, el primer mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El escrito de 36 páginas fue difundido por la Presidencia tras la reunión que el jefe de Estado celebró este mediodía con los gobernadores en la Casa Rosada.