Claudio «Chiqui» Tapia atraviesa el momento más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, enfrenta investigaciones penales, auditorías administrativas y denuncias empresariales que avanzan sobre el núcleo financiero de la entidad. Los expedientes someten a revisión contratos internacionales, transferencias en dólares, activos patrimoniales, deudas fiscales y circuitos de intermediación que durante años operaron sin un control estatal sistemático.
Mientras la Justicia y organismos estatales examinan balances, cuentas bancarias y vínculos comerciales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026, en el «Levi’s Stadium» de Santa Elena. El contraste entre ese despliegue personal y la delicada situación institucional del fútbol argentino revela el momento de mayor tensión política y judicial de su gestión.
Tapia enfrenta actualmente tres frentes judiciales abiertos y una ofensiva administrativa inédita. En conjunto, las investigaciones comprometen operaciones por más de $ 30.000 millones, además de millones de dólares en transferencias internacionales y contratos bajo revisión.
El primer frente es la causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El expediente tramita en el fuero especializado y busca determinar si la AFA, pese a contar con recursos líquidos, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese contexto, la Justicia ordenó un relevamiento integral de la titularidad de las cuentas bancarias, CBU y subcuentas, depósitos en moneda extranjera, colocaciones a plazo fijo, transferencias internas y externas, y todos los movimientos registrados desde 2021. El foco está puesto especialmente en los fondos administrados en el banco Credicoop, donde se detectaron operaciones por hasta $ 8.000 millones.
La investigación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que estiman una deuda de aproximadamente $ 19.000 millones por retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Para los investigadores, el eje central consiste en establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.