La Cámara Federal de Apelaciones ratificó el procesamiento del juez Casanello contra el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y más de una decena de integrantes de la organización. El fallo de la cámara agrava el procesamiento en tanto consideró que los dirigentes de la organización incurrieron en los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”.
Los letrados a cargo de la causa en la Cámara de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, además, aseguran que las eventuales penas que pesan sobre el principal dirigente del Polo Obrero y del Frente de Lucha Piquetero, resultan acumulables. Esos delitos por los que se acusa a Belliboni y a su organización podrían sumar más de 15 años de prisión por lo cual, en caso de que los jueces lo consideren culpable, la condena podría resultar no excarcelable.
Según el fallo al que accedió el portal Infobae “ellos (por los dirigentes acusados) eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones”. La afirmación pasa por alto el carácter voluntario de los aportes que, según los dirigentes, realizaban los miembros de la organización tal como lo hacen los afiliados a un sindicato, una mutual o cualquier organización social, deportiva o cultural.
El fallo busca desmarcarse de la posibilidad de que se trate de una acción persecutoria. Los letrados aseguran “queremos dejar completamente fuera de discusión que ni la pesquisa ni este resolutorio tienen como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran”. Sin embargo, sin fundamentos aparentes, sostienen que existían “personas que se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio”. Los letrados, a pesar de que las organizaciones explicaron una y otra vez que no cuentan con los recursos administrativos y legales para dar de baja los beneficios de sus representados, ratificaron la presunción de que “tomando provecho de su posición dominante” solicitaban aportes que “en caso de incumplir ponían en riesgo cobrar el sueldo otorgado por el Estado como parte del programa”.
Solidaridad
El lunes por la mañana los dirigentes del Polo Obrero realizaron una conferencia de prensa en el salón de Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) de Adolfo Pérez Esquivel en la que rechazaron nuevamente la acusación y calificaron el fallo como “un golpe contra la libertad de organización y movilización en la Argentina”.
Allí estuvieron presentes los diputados nacionales Vanina Biasi, Christian Castillo, Juan Marino y Myriam Bregman (MC) y los legisladores porteños Gabriel Solano, Celeste Fierro y Mercedes Trimarchi (MC). Pero también manifestaron su solidaridad en forma presencial los dirigentes de otras organizaciones sociales como la UTEP, el FOL y aquellas que comparten el frente de Lucha Piquietero con Belliboni.
Violación del derecho a la defensa
La abogada defensora de la parte acusada, Liliana Alaniz, denunció “una violación sistemática del derecho a la defensa”. Es que, señaló, “no solamente se nos prohíbe a los defensores acceder al día de hoy a la totalidad de las pruebas y los legajos, sino que también nos vulneran la posibilidad de defendernos. Pedimos ampliar algunas declaraciones indagatorias y nos dijeron que no”.
Además, profundizó, en la imputación, “no se especifica cuáles son los hechos que les imputa a los compañeros en la causa y tampoco se determina las características de las pruebas. Tanto el juez, la fiscalía como la Cámara desoyen respecto de las pruebas donde demostramos sobradamente la compra de un montón de computadoras y máquinas. Tampoco nos permiten que declaren los testigos”. La letrada concluyó que “están forzando la causa para meter presos a compañeros y compañeras, para amedrentar la movilización popular”.
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero calificó el fallo de “aberrante” y adelantó que habrá más movilizaciones y protestas para una causa que consideró “estratégica” para el gobierno y para las organizaciones en tanto de lo que se trata es de “que está en juego la libertad de muchísimos compañeros sino porque el gobierno lo toma como una pulseada en la que quiere derrotar a organizaciones que tienen más de 25 años de lucha”.
Belliboni por su parte denunció que «hubo más de 150 allanamientos a comedores populares y locales bajo el gobierno de Milei. Es evidente que allí no hay delito, lo que hay es persecución a la organización. Tenemos que ponernos a la cabeza de esta pelea por más que nos persigan y nos amenacen con la cárcel. No va a ser con amenazas ni con criminalización que nos van a derrotar”. Belliboni destacó que “incluso, de ser necesario, vamos a pelear contra las direcciones sindicales porque es escandaloso que no haya una respuesta unificada de la clase obrera frente al ataque más importante de la historia que sufre la clase obrera. No se ha visto nunca un retroceso social semejante”.
La organización mediante un comunicado detalló que “la imputación de concurso real de delitos apunta a elevar las penas, sumando las de cada uno de ellos, para amedrentar y golpear una organización cuya característica ha sido estar a la cabeza de la lucha contra el hambre y el ajuste bajo todos los gobiernos del país”.
A la vez, señalan, “la Cámara ha decidido ir a fondo en una política que coloca la organización de las movilizaciones y el financiamiento de organizaciones de lucha en la virtual ilegalidad, porque se toman los elementos básicos de cualquier organización (el aporte, el registro de asistentes a una movilización, el impulso a la concurrencia), como elementos coactivos, por el simple hecho de que quienes se movilizaban cobraban un programa social obtenido en base, justamente, a innumerables planes de lucha”.
Además, denuncian que “las violaciones al derecho a la defensa llegan al punto de que la última semana el juzgado de Casanello rechazó la presentación de testigos que ofreció la defensa para que testifiquen sobre el funcionamiento interno de la organización. Se trata de una decisión gravísima que muestra cómo el juzgado pisotea las garantías procesales”.
Desde la organización, aseguran, que han “presentado numerosa evidencia en la causa de la materialidad de las compras realizadas incluida la construcción de 53 sedes, y, en suma, del conjunto de las actividades llevadas adelante en el marco del programa Potenciar Trabajo”. Por último llaman la atención sobre el hecho de que “el fallo deja afuera de una eventual indagatoria a los funcionarios de Desarrollo Social y responsables del programa, con lo cual absuelve al Estado de la responsabilidad en el manejo de sus propios fondos”.