Quienes usan el servicio interprovincial, también se ven afectados por no poder trasladarse en coches de la empresa ERSA, que asumió una actitud insensible ante la necesidad de la población.
Debido al no pago de los aumentos comprometidos por los empresarios nucleados en FATAP, y del traslado de la responsabilidad empresarial al estado provincial y municipal, las empresas castigan duramente al usuario de a pie.
Esta actitud conlleva a una situación desesperante para trabajadores y estudiantes universitarios que deben usar otros sistemas alternativos más caros, y que los perjudica económicamente de manera irremediable.
En tanto desde la oposición local los legisladores de Unidos por la Patria cargaron la responsablidad al gobierno provincial: «Pagaron $20 millones menos de lo que corresponde a las empresas e hicieron caer el sistema de coparticipación entre Nación y Provincia» dijeron.
«Pagaron $20 millones menos de lo que corresponde a las empresas e hicieron caer el sistema de coparticipación entre Nación y Provincia» dijeron desde la oposición.