En la víspera del primer paro general convocado por la CGT y el kirchnerismo contra el Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista se aprestaban anoche a dar una señal política de apoyo a la nueva gestión con la firma de un dictamen de mayoría con disidencias, sobre el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei. No obstante, la suerte final del proyecto recién se definirá mañana durante la sesión en el recinto.
La redacción del dictamen se negociaba hasta última hora entre la Casa Rosada y los sectores dialoguistas que, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantenían al cierre de esta edición fuertes reparos respecto de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa. Estas diferencias explican que, durante el plenario de comisiones que se desarrollaba anoche, la mayoría de los dialoguistas que confluyen en el PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal decidieron suscribir el dictamen oficialista con disidencias.
«Una inmensa mayoría del cuerpo tenemos la voluntad grande de acompañar al Gobierno y ayudarlo en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis. Pero estamos convencidos de que esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados -arrancó Martín Tetaz (UCR)-. Estamos convencidos de que esas reformas no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción, y mucho menos a las exportaciones»
«Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos», presionaban los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante. Incluso podría deparar sorpresas.
A manera de anticipo, un grupo de diputados «rebeldes» que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los 6 diputados de la Coalición Cívica instigados por Elisa Carrió, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.
Este mosaico de legisladores no termina de digerir los cambios que incorporó el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria. Como última oferta propuso indexar los haberes recién a partir de abril próximo y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.
Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarles privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. «Nosotros vamos a insistir en el recinto con terminar con este privilegio, vote quién lo vote», plantearon. «El DNU y la Ley Ómnibus tal como fue presentada por el Gobierno no sólo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo -advirtió, por su parte, el radical Manes-. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena». El desplante de los diputados díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular.s
«Si la ley no se sanciona, el ajuste va a ser peor»
El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto con sus ministros y principales colaboradores con la mira puesta en la obtención de dictamen en comisión que posibilite el tratamiento en el recinto del proyecto de la Ley Ómnibus y en la antesala del paro de la CGT. A pesar de haber aceptado aplicar modificaciones en el proyecto de ley que recibe el nombre de Bases, el Gobierno aún negocia con distintos actores, incluso aliados, algunos de los puntos que empantanan los planes de avanzar en la media sanción. Fuentes que participaron del intercambio revelaron que Milei les trasladó que «si la ley no se sanciona, el ajuste va a ser peor para todos, sobre todo para las provincias porque va a poner en revisión las partidas».
Gobernadores exigen que no suban las retenciones
Los gobernadores de JxC, los más dialoguistas con la gestión de Javier Milei, unieron fuerzas para exigir al Gobierno que se abstenga de subir las retenciones al agro, como moneda de cambio para que los legisladores que les responden aprueben en el Congreso la Ley Ómnibus. Los mandatarios provinciales de JxC, liderados por el santafesino Maximiliano Pullaro, buscaron ayer que se elimine la suba de retenciones previstas en el proyecto de Ley Bases y que ese ajuste se haga con los gastos tributarios del propio Ejecutivo.
Los gobernadores cuentan con el apoyo de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y el PRO y avisaron a la Casa Rosada que si no se da lugar al pedido, los votos de sus legisladores no estarán para acompañar la propuesta oficial. Junto a Pullaro este grupo de mandatarios está integrado por, entre otros, Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio, que este martes por la mañana estuvo reunido por este tema en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Para estos gobernadores radicales y del PRO es necesario que se elimine la suba de las retenciones y que sea el propio Gobierno el que elija reducir cualquier gasto tributario de los más de 30 regímenes especiales y con exenciones impositivas que tienen privilegios y que, de acuerdo a lo que plantean, representan un 4,5 % del producto. Esta postura también es compartida por el gobernador peronista no K de Córdoba, Martín Llaryora, que está predispuesto a apoyar la Ley Ómnibus, pero sin que se avance con las retenciones. «Las industrias del interior podrían verse muy afectadas con varios artículos que propone la Ley Ómnibus», sostuvo Pullaro.