SAENZ PEÑA (Agencia) – La amplia frontera que tiene en el norte del país la Argentina con países vecinos, como es el caso específico de Salta, mantiene en vilo a la sociedad por lo que algunos medios comienzan a afirmar que el narcotráfico se infiltra en las instituciones para poder expandirse. Una extensa nota firmada por la periodista Yamile Abraham del diario El Tribuno de Salta, plantea que el caso del juez Reynoso aparece como el punto culmine del avance de las bandas criminales.
Ya son frecuentes los casos de policías, gendarmes y funcionarios involucrados con el tráfico de drogas. La acusación contra el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, de dejar libre a narcotraficantes a cambio de coimas, terminó de configurar lo que en la frontera se dice a gritos pero que kilómetros adentro en el mapa suena a susurro: el poder narco se infiltró en instituciones y en fuerzas de seguridad.
Hasta hace pocos años, los casos de gendarmes, policías y funcionarios involucrados con el tráfico de estupefacientes eran esporádicos. Pero eso cambió. Como esa sensación de que los tiempos se aceleran, el lapso entre caso y caso se acortó abruptamente.
La amplia frontera que tiene en el norte del país la Argentina con países vecinos mantiene en vilo a la sociedad por lo que algunos medios comienzan a afirmar que el narcotráfico se infiltra en las instituciones para poder expandirse.Lo que no está en claro hasta aquí es cuánta dimensión y hasta dónde llegaron ya los tentáculos de las organizaciones delictivas.
“Jamás hay que descartar nada, y menos subestimar el poder corruptor del narcotráfico”. Eso dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Cornejo D’Andrea a El Tribuno, sólo horas después de que allanaran el Juzgado Federal de Orán y dispusieran siete detenciones el miércoles pasado. No es la primera vez que habla del “poder corruptor”. El 28 de abril, luego de la detención de un policía con 74 ladrillos de cocaína, admitió la vulnerabilidad de la fuerza de seguridad provincial: “Claramente tenemos un cabo que estaba infiltrado en la Policía y efectivamente es un delincuente que trabaja con el narcotráfico”, dijo entonces.
“Acá el narcotráfico es tan complejo que los que lo combaten terminan transando con él”, aseguró una fuente vinculada a la lucha contra el narcotráfico que pidió reserva.
Uno de los primeros hechos fue el que tuvo como protagonista al jefe de la División Antidrogas de Tartagal y otros dos policías, quienes el 8 de abril de 2003 fueron detenidos con 50 kilos de cocaína en el cruce de las rutas 34 y 81. El cargamento fue hallado por gendarmes que revisaron un automóvil en el que viajaban el entonces comisario Jorge Montoya, el oficial Damián Yapura y el cabo Néstor Ordóñez, quienes prestaban servicios en la Brigada de Investigaciones de Tartagal.
Un año clave
En 2005 ocurrieron dos casos históricos por su gravedad. El 17 de octubre se conoció la condena más enérgica de la historia salteña en materia de narcotráfico. Jorge Martín Dubiel, un exsegundo comandante de Gendarmería, fue penado con 15 años de cárcel. Un año antes, Dubiel había sido sorprendido cuando recogía 280 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta narco en la finca Cabeza de Anta, a unos 35 kilómetros de Apolinario Saravia. El caso se conoció entonces como “lluvia blanca”. Una semana después se habían encontrado otros 380 kilos de la droga en un vehículo del exgendarme, en la playa de una estación de servicios de Metán.
El otro caso resonante afectó a la Policía Federal. El 2 de diciembre de 2005, la Justicia Federal de Jujuy puso tras las rejas al exjefe y al exsubjefe de la Policía Federal de Salta, Carlos Alberto Díaz y Edmundo José Osler, por el “narcoescándalo” descubierto ese año. El 8 de mayo, cuatro policías federales que habían partido en una camioneta desde Salvador Mazza a Salta volcaron en la ruta nacional 34, a la altura de San Pedro de Jujuy. Cuando llegaron los policías de la vecina provincia a asistirlos descubrieron 120 kilos de cocaína. Díaz y Osler fueron considerados “partícipes necesarios” del transporte y quedaron tras las rejas.
Este hecho tiene una clave más: según los policías federales quien autorizó el transporte de la droga del norte a Salta fue el juez Reynoso, algo que en el juicio no se pudo comprobar.
Dos policías destacados
Seis años después, el 25 de mayo de 2011, el subcomisario Gabriel Giménez -entonces jefe de Inteligencia Criminal de la Policía de Salta- y el oficial principal Carlos Gallardo fueron detenidos acusados de transportar 50 kilos de cocaína que habían sido arrojados en un camino cerca del paraje El Algarrobal, en jurisdicción de General Güemes.
“Ese fue uno de los golpes más duros para la Policía; ellos eran reconocidos incluso por sus pares; fueron entrenados para luchar contra el narcotráfico, sabían idiomas, llegaban siempre antes a los delitos y terminaron involucrados”, dijo la fuente.
En los diez meses que pasaron de 2015, policías, gendarmes y hasta empleados municipales también aparecieron relacionados con el negocio del transporte y venta de drogas.
Uno de los más escandalosos ocurrió el 28 de abril, cuando un policía del Sistema 911 de Orán fue detenido con 74 ladrillos de cocaína en el acceso a la ciudad de Salta. El excabo Ángel Urzagasti fue detenido por Gendarmería. Y junto con él también fue arrestado un empleado de la Municipalidad capitalina, de apellido Rueda. Esa droga, se dijo entonces, tenía como probable destino un mercado fuera de la Argentina.
No fue el primer caso que rozó al municipio capitalino. El 2 de agosto de 2012 había sido detenido Carlos Sebastián Guitián cuando acababa de hacer una entrega de marihuana en el barrio Santa Ana de la capital. Al principio, para zafar, dijo ser “chofer del intendente”, pero luego se supo que no lo era y que había abusado de la confianza de una persona que sí trabajaba en la comuna y tenía a su cargo la camioneta en la que se le encontró la droga.
El Servicio Penitenciario no estuvo impune. El 2 de mayo, el hijo del director del Régimen Correccional, prefecto mayor Wilfredo Orellana, fue hallado con 225 gramos de marihuana en su poder. La droga fue secuestrada del auto particular del funcionario, quien fue separado de su cargo, al igual que su esposa, Cristina Reyes, directora entonces de la Unidad Nº 4 de Mujeres.
Otro hecho fue el arresto de tres gendarmes que integraban una banda dedicada a enviar cocaína desde Salta hasta Córdoba en encomiendas, el 9 de septiembre pasado.
Un problema complejo
Un funcionario que aceptó dialogar con El Tribuno a cambio de no ser identificado relativizó la idea de una infiltración masiva. “Algo así implicaría que hasta los mandos superiores estuvieran involucrados, y eso aún no sucede”, consideró. Y en ese contexto estimó: “Los casos encontrados en la Policía, en Gendarmería y en la Justicia no son estructurales. Más aún, el problema de Orán es que es el juzgado más cercano a la frontera”.
El narcotráfico plantea un problema que, claro está, va más allá de las infiltraciones en los poderes del Estado. Existen una serie de hechos y situaciones que conforman una tensa red en torno a este delito.
Uno de ellos es, efectivamente, la soledad del Juzgado Federal de Orán, algo que el mismo Reynoso dijo varias veces, y la tardanza en poner en funcionamiento el Juzgado Federal de Tartagal, creado por ley en noviembre de 2011.
La escasez de recursos también figura entre los factores a analizar y solucionar. En 2013 miles de efectivos de Gendarmería fueron enviados por el Gobierno nacional al conurbano bonaerense para reforzar la seguridad allí. Esos efectivos fueron trasladados de todo el país, entre ellos cientos dejaron la frontera norte.
Este año el Gobierno nacional hizo un acto en Orán en el que desplegó 300 nuevos gendarmes en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Y la semana pasada se dijo que habían llegado a Orán otros 200 más. Sin embargo, fuentes locales aseguran que no son suficientes.