Detrás de su velo progresista, que lo presentó como una fantástica oportunidad de integración entre Oriente y Occidente, la Copa del Mundo de Qatar escondió una trama de negociaciones subterráneas, con miles de millones de dólares en danza, lo que desembocó en el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol.El proceso de designación del primer Mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos a diferentes miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA para favorecer a un emirato de nula tradición futbolística, escasa amplitud territorial y temperaturas agobiantes, pero con una ferviente ambición de establecerse como capital deportiva del Golfo Pérsico.
El lado B de Mundial 2022 se grabó las semanas previas al 2 de diciembre de 2010, cuando el suizo Joseph Blatter -por entonces autoridad máxima del fútbol mundial- anunció que Qatar le había ganado a Estados Unidos en la última instancia de elección, tras marginar antes las aspiraciones de Australia, Corea del Sur y Japón.
El país norteamericano era favorito para organizar la máxima cita del fútbol por segunda vez después de 1994. El propio Blatter, ya suspendido en su cargo, reconoció que «había un acuerdo para llevar el Mundial 2018 a Rusia y Europa del Este, y el Mundial 2022 a Estados Unidos».
«De esa manera, íbamos a tener la Copa en los dos países de mayor poder político», reveló. Sin embargo Qatar, a pesar de los factores que le jugaban en contra, pudo derrotar a Estados Unidos en la ronda final con 22 votos a su favor contra 14 en contra.
Las sospechas de corrupción en el procedimiento no pararon de crecer desde aquel diciembre de 2010 y la FIFA inició una investigación interna a cargo de Michael J. García, exfiscal general de Estados Unidos, quien renunció a su cargo cuando la Comisión de Ética dictaminó que no habían existido irregularidades.
Las investigaciones de la prensa europea revelaron que el presidente de la Federación qatarí y también titular de la Confederación Asiática de fútbol, Mohammed bin Hamman, pagó hasta 3,6 millones a 30 miembros de la FIFA para asegurar el voto favorable a Qatar.
Según informó el periódico británico The Sunday Times, el camerunés Issa Hayatou y el marfileño Jacques Anouma, ambos integrantes del Comité Ejecutivo de FIFA, recibieron un soborno de 1,5 millones de dólares.
Un artículo de The Guardian indicó que el emirato rico en gas y petróleo gastó casi 200 millones de dólares en el desarrollo de su candidatura, una cifra considerablemente mayor, por caso, a los 42,7 millones destinados por Australia o los 5 millones invertidos por Estados Unidos.
Nueve días antes de la votación, el entonces presidente de la UEFA, el francés Michael Platini, se había reunido con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy y el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, para lograr el apoyo a la candidatura.
La estrategia de comprar voluntades también involucró a la dirigencia de Argentina y Brasil, según descubrió la justicia de Suiza en la investigación por irregularidades en el proceso de asignado de las sedes 2018 y 2022.
Un amistoso disputado por los seleccionados de ambos países en noviembre de 2010, en el estadio Khalifa Internacional de Doha, habría sido la excusa para ganar el voto de sus respectivas federaciones.
El periódico O Estado de San Pablo denunció que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibieron en dinero «tres veces más de lo normal» por el amistoso que la «Albiceleste» ganó 1-0 con un tanto de Lionel Messi.
Qatar contestó que gastó oficialmente 4 millones de euros por el primer cruce entre Messi y Neymar para «demostrar que el país estaba listo para recibir este tipo de partidos».
La empresa responsable de firmar el contrato del superclásico sudamericano en Doha fue la Ghanim Bin Saad Al Saad & Sons Group Holdings (GSSG), encargada de la realización de obras para Qatar 2022.
La policía suiza obtuvo esa documentación en el 27 de mayo de 2015, el mismo día que la justicia estadounidense ordenó la primera ola de detenciones a dirigentes acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión.
El FIB tomó intervención cuando se comprobó que el pago de algunos sobornos se canalizó mediante entidades financieras locales, lo que materializaba el delito en territorio estadounidense.
La megacausa en la justicia de ese país, impulsada por la fiscal general Loretta Lynch, también investigó irregularidades en los contratos multimillonarios de televisión de Copas del Mundo (2018 y 2022) y Copas América (2015 y 2016 -realizada en Estados Unidos-).
En diciembre de ese año, el expresidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, y Platini fueron suspendidos por el Comité de Ética de la entidad. Unas 42 personas, entre dirigentes y empresarios, seis de nacionalidad argentina, fueron acusadas de participar del FIFA-Gate.
Los argentinos implicados en el escándalo de corrupción fueron los exdirigentes de Conmebol Eduardo Deluca -fallecido- y José Luis Meiszner y los empresario televisivos Hugo y Mariano Jinkis, Alejandro Burzaco y Hernán López.
Qatar rechazó todas las actuaciones judiciales sobre irregularidades en la obtención de la sede del Mundial 2022, cuya candidatura se basó en atraer a nuevos aficionados al fútbol en Oriente Medio, en consonancia con el objetivo de Blatter de expandir el fútbol mundial.
«Pese a que las falsas afirmaciones circulan desde hace años, no se encontró evidencia alguna de que Qatar se adjudicase el derecho a organizar un Mundial de fútbol con métodos no éticos o por fuera de las rígidas reglas de asignación de la FIFA», aseguró el emirato en un comunicado.
Las autoridades qataríes reiteraron que se «respetaron rigurosamente todas las normas y reglamentos en la designación de las sede y cualquier afirmación en sentido contrario carece de fundamento».