Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que forma parte el canciller Santiago Cafiero, llegó este domingo a Lima para analizar la situación en Perú a pedido del presidente Pedro Castillo, que dice que está en marcha un «golpe de Estado» en su contra.
La misión, encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga como portavoz y representante de la Secretaría General de la OEA, sostendrá entre el lunes y miércoles reuniones con diversos interlocutores, incluidos Castillo, la oposición parlamentaria y voceros de la sociedad civil.
«El objetivo es escuchar la mayor cantidad de voces posibles, para así recopilar información pertinente con la que poder elaborar un informe que será presentado posteriormente ante el Consejo Permanente», anticipó el organismo continental en un comunicado.
«El Grupo de Alto Nivel hizo hincapié antes de su visita en que sus tareas emanan de la voluntad expresada por todos los Estados Miembros de la OEA de apoyar al Perú en lo que Perú requiera, desde el máximo respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía peruana», agregó.
Cafiero está acompañado por sus pares de Belice, Eamon Courtenay; Costa Rica, Arnoldo André; Ecuador, Juan Carlos Holguín; Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, así como por la vicecanciller colombiana, Laura Gil.
Castillo, un profesor de izquierda que desde que asumió el poder en julio de 2021 ha tenido continuos choques con la oposición de derecha que controla el Congreso, acudió el mes pasado a la OEA para argumentar que se le quiere destituir en forma ilegal y se apoyó para eso en la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para la intervención del foro en países de la región en que esté en riesgo la democracia.
El mandatario se refirió específicamente a una denuncia constitucional por presuntos delitos de corrupción presentada en su contra por la Fiscalía -a la que considera aliada con la oposición-, a un proceso parlamentario para acusarlo de traición a la patria y a nuevos trámites para intentar destituirlo por «incapacidad moral».
Misión a Lima
Tras escuchar ese alegato, la OEA dispuso el envío de la misión, que, por las características del foro, no podrá tomar medidas vinculantes, pero sí estará facultada para formular propuestas que ayuden a salir al Perú de una crisis que lo tiene políticamente paralizado.»La OEA no nos va a dar la receta, pero puede ayudar a que ciertos actores políticos conversen o al menos se moderen. Mi idea, tal vez ilusa, es que se podría generar una suerte de moderación de discursos porque nos están viendo terceros», dijo en la radio Ideele la exministra de Justicia Ana Neyra.
«La Carta no implica que vengan a imponer. Simplemente se les pide (a los países del continente) que puedan tomar interés en el asunto», agregó el exembajador del Perú ante la OEA Walter Albán, quien le aconsejó a la oposición que aproveche la presencia de la misión en lugar de atacarla.
Sectores de la derecha han criticado la presencia «injerencista» del organismo continental y han asegurado, sin presentar pruebas, que la intención de los visitantes es lavarle el rostro al Gobierno de Castillo, duramente criticado por la oposición por sus presuntos actos de corrupción y su «incapacidad».
Algunos de estos grupos fueron, a su vez, los que aplaudieron la intervención de la OEA en Bolivia en 2019, cuando el organismo continental, y específicamente su secretario general, Luis Almagro, fueron acusados por varios sectores de haber sido funcionales a fuerzas golpistas contra Evo Morales.
La inminente llegada de los visitantes no bajó el tono de la confrontación en Perú. Por el contrario, las partes han estado a la ofensiva e incluso intentaron en los últimos días movilizaciones populares callejeras, las que tuvieron escaso respaldo de la ciudadanía.
El gobierno, a través del jefe del gabinete, Aníbal Torres, atacó con la presentación de dos cuestiones de confianza, de las que una sigue viva y podría poner contra las cuerdas al Congreso.
Las cuestiones de confianza consisten en que el Ejecutivo presenta bajo esa figura un proyecto y si el Legislativo no acepta tramitarlo, se considera derribado al gabinete, cuyos miembros tendrán que renunciar. Si un Congreso rechaza dos cuestiones de confianza en un quinquenio, el presidente queda facultado constitucionalmente para disolverlo.
En el caso concreto actual, Torres pide que se derogue una ley reciente que señala que se necesita imprescindiblemente de permiso del Parlamento para realizar referendos. La cuestión se planteó el jueves y se está a la espera de respuesta.
Analistas pintan así el escenario: si el Congreso se niega, caerá el gabinete, pero el Legislativo quedará a un paso de generar su disolución. Si lo acepta, le dará al Gobierno una herramienta para retomar la idea de un referendo como punto de partida para un proceso constituyente rechazado por la oposición.
Según expertos, una tercera salida, quizás más probable, es que el tema quede en nada porque el Tribunal Constitucional (TC) le dé la razón al Congreso. Así, para una exjefa de gabinete de Castillo, Mirtha Vásquez, lo que quiere el gobierno es hacer ver al Legislativo como intransigente a ojos de la OEA.
Mientras tanto, el Congreso sigue sus acciones contra Castillo y la denuncia constitucional de la Fiscalía por presuntos delitos en la adjudicación de obras y compra de biodiesel ya pasó el primer filtro en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, incluso juristas que creen en la solidez de los elementos probatorios reunidos por la Fiscalía recuerdan que la Constitución fija cuatro delitos por los que se puede procesar a un presidente en funciones y entre ellos no están los de corrupción.
En cuanto al caso de «traición a la patria», también hay fuertes cuestionamientos de juristas, pues se basa en una entrevista de televisión en la que Castillo abrió la posibilidad de que un referendo determine si se le da salida al mar a Bolivia.
Un miembro del TC, Gustavo Gutiérrez, ya planteó en ese foro que, al no haber un hecho concreto, se trata de una opinión que no constituye delito. La posible denuncia ha sido criticada incluso por duros cuestionadores del Presidente.
Es ese confuso escenario, agravado por la polarización y la tirantez entre las partes, el que encontrará en Lima la misión de la OEA.
Las reuniones de los visitantes arrancarán el lunes con un encuentro con Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte, y seguirán con una con el presidente del Congreso, José Williams, y otra inmediatamente después con los portavoces de las bancadas.
También están previstos encuentros con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios, y con otros protagonistas o espectadores destacados de la situación, aunque la agenda aún está en proceso. No está claro si habrá reunión con la fiscal general, Patricia Benavides.
Opositores como el parlamentario Jorge Montoya han acusado al canciller peruano, César Landa de manipular la agenda, pero el despacho de éste aclaró que ese tema le compete exclusivamente a la OEA.