El Gobierno de Perú, cuestionado por organismos internacionales por la represión de las protestas, rechazó este jueves la posibilidad de elecciones en 2023 con el argumento de que no serían transparentes, mientras sumó nuevos roces diplomáticos con países de la región y bancadas de izquierda presentaron en el Congreso una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte.“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular. Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, advirtió el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Insistió el funcionario en que existe un pedido de adelanto de comicios, algo “tan confuso como querer asumir que estos sectores violentistas que están vulnerando los derechos fundamentales de los peruanos van a poner las condiciones para que sean atendidas por el sistema democrático”.
Otárola salió así al cruce de un pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para que las elecciones sean en el 2023 y no en abril del 2024, como votó ya el Congreso, aunque todavía debe ratificar esa fecha en un nuevo periodo.
Más allá de la complejidad de montar un proceso eleccionario, las palabras del jefe de ministros parecen alimentar el cuadro de protestas que desde el 7 de diciembre -tras la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia- se presenta en todo el país con ese reclamo de comicios como eje.
Y justamente el Congreso abrió esa chance este jueves: el fujimorista Hernando Guerra pidió reconsiderar la votación sobre la fecha para que el nuevo texto sustitutorio establezca que el recorte de mandato presidencial y congresal se dé en diciembre de 2023, lo que obligaría a sufragar antes.
El solo pedido generó cruces y polémicas, acusaciones encontradas y gritos en el recinto, por lo que el titular del cuerpo, José Williams, levantó la sesión hasta este viernes a las 9 (11 de Argentina).
Con todo, Otárola dejó al Congreso la responsabilidad de fijar la fecha electoral para “descongestionar el ambiente político”, según declaró al limeño Canal N.
Justamente en el legislativo se presentó este jueves una moción de vacancia contra Boluarte, en virtud de su «permanente incapacidad moral» para seguir al frente de la jefatura del Estado por la respuesta gubernamental a las manifestaciones.
La iniciativa es del grupo de parlamentarios de Perú Libre, Cambio Democrático y Perú Democrático, que señaló a Boluarte como responsable directa de las 46 muertes -según cifras oficiales- producidas en el marco de la represión.
El proyecto advierte que el país “está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden”, situación que atribuye “al uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano».
La moción de vacancia parece más simbólica que real: necesita 66 votos para que sea admitida a trámite y luego 87 votos para concretarse.
A las repetidas protestas y los persistentes bloqueos de rutas, la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencaap) se sumará el lunes con un paro también en reclamo de elecciones.
«La Fencaap, que está presente en 17 regiones del Perú, siempre en la búsqueda del desarrollo del país en favor del agro, la educación, salud, inversión productiva en el campo, se solidariza con nuestros hermanos y hermanas caídos en lucha por un Gobierno que no tiene ninguna estrategia ni sensibilidad de mitigar esta triste situación que agobia al país, y que muestra desinterés por nuestras propuestas de desarrollo cafetalero y agrario nacional”, señaló un comunicado.
La sucesión de manifestaciones motivó, además, una nueva postergación del inicio de la Liga Profesional de Fútbol, que iba a comenzar el fin de semana pasado, se corrió para el próximo y ahora, otra vez, se pospuso una semana.
La jornada trajo para el Ejecutivo de Boluarte, además, nuevas incomodidades en el ámbito regional e internacional.
Por un lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las autoridades a que realicen «investigaciones rápidas, efectivas e imparciales” sobre las muertes registradas en las protestas.
En un mensaje emitido por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres pidió además que “se evite la estigmatización de las víctimas” y reiteró su “gran preocupación” por la situación en el país.
Aún así, el presidente de México, Andrés López Obrador, cuestionó a la misma ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) por su «silencio» ante las protestas.
“La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea?», se preguntó el gobernante de izquierda en su conferencia de prensa diaria.
Pero, además, el pleno del Congreso aprobó con 74 votos declarar persona no grata al expresidente boliviano Evo Morales y manifestar su rechazo a las expresiones públicas que tuvo el exmandatario sobre la situación política del país.
A las de por sí tensas relaciones desde la asunción de Boluarte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, sumó hoy otro ingrediente: dijo que las acusaciones de la mandataria sobre armas llevadas desde territorio boliviano son una «cortina de humo» para «ocultar» la situación de los derechos humanos en Perú.
«No existe un desvío de armas desde el Estado plurinacional de Bolivia hacia la República de Perú. Esa versión falta totalmente a la verdad», señaló.
Finalmente, Lima anunció el retiro de su embajador en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, en respuesta a los dichos de la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en Buenos Aires, en la que abordó en términos críticos la situación peruana y aludió a un “golpe de Estado”.
Esa cumbre regional dio pie también para el elogio del depuesto presidente Castillo, que destacó la «valentía y el coraje» de los líderes del bloque que denunciaron las «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» cometidas durante la represión.
Castillo mencionó especialmente a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; a la hondureña Castro; y al mexicano López Obrador por su «firmeza» a la hora de condenar la «dictadura», y celebró la postura del argentino, Alberto Fernández; del cubano Miguel Díaz Canel; del boliviano Luis Arce; del chileno, Gabriel Boric y del venezolano Nicolás Maduro, por trasladar su «preocupación» ante la «grave situación» peruana.