A sólo una semana de la intervención del puerto de Ushuaia a manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en el Gobierno se preparan para la escalada del conflicto en terreno judicial y aseguran que la operatividad del mismo se encuentra en mejores condiciones desde la toma de control del Ejecutivo. Tras meses de conflictos por los aparentes incumplimientos que la gestión de Gustavo Melella arrastraba con el ente encargado del control portuario, desde del organismo conducido por Iñaki Arreseygor afirman que el oficialismo no dará marcha atrás en la intervención y presentarán los documentos que probarían la supuesta malversación de fondos de la gobernación fueguina en la justicia si el mandatario de Tierra del Fuego decide avanzar en este terreno.
El conflicto entre la ANPyN y la gestión sureña se arrastra desde hace meses y tiene en el centro de la escena el control de un negocio multimillonario que genera ganancias por arriba de los $22.000 millones al año. Según dieron a conocer desde el oficialismo a este diario, desde mediados del 2025 la agencia recibe denuncias por parte de los trabajadores y el sector empresario de la provincia por el deterioro de la infraestructura y la falta de inversión en el puerto. A ello, además, se sumaron acusaciones sobre aparentes irregularidades financieras de las que, dicen en el gobierno, el gobernador estaría al tanto.
Según se especificó en la Resolución 4/2026, la firma del Convenio de Colaboración N° 26.174 entre el gobierno provincial y el nacional, a través de la Dirección Provincial de Puertos, habilitó un desembolso de $ 4.000.000.000 para la provincia que debían ser destinados a la remodelación y puesta en punto de diferentes sectores del puerto para garantizar su funcionamiento. De este monto, advierten desde el gobierno mediante documentación que respalda a la resolución donde se decreta la intervención, sólo fue devengado el 1,3% del total, lo que incurriría en un incumplimiento del acuerdo entre los ejecutivos.
En tanto, a través de lo recabado en las investigaciones realizadas luego de las numerosas inspecciones que tuvo el puerto, se constató que el 33% de las ganancias percibidas por la explotación portuaria fueron destinadas a cubrir déficits de la caja provincial (entre los que se encontraban Ministerios, gastos operativos de la gobernación y la obra social de la provincia), una acción deliberadamente prohibida mediante la firma del Convenio de Transferencia de Puertos Nación – Provincia vigente desde 1992. Fueron estos cúmulos de irregularidades y la falta de resolución por parte de la gestión provincial lo que llevó al gobierno a tomar la decisión de hacerse del control del mismo por un plazo de doce meses.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
En el plano político, la intervención de Nación en el puerto generó una ola de reacciones dentro de la isla, teniendo a Melella como voz cantante. El jefe provincial no sólo advirtió que el gobierno incursiona en una grave falla institucional por el avasallamiento a la autonomía provincial, sino que además dejó en claro que buscará resolver el caso en la justicia. Las amenazas no fueron bien recibidas del otro lado del mostrador. “Si judicializa, nos quedamos con el puerto”, dijeron tajantes a este diario desde la ANPyN, donde se encargaron de remarcar que la postura del gobierno frente al manejo y funcionamiento de los puertos es intransigente.
Intervención en Ushuaia: ¿pacto entre La Cámpora y Casa Rosada?
La escalada del conflicto, sin embargo, abrió una nueva etapa en las interminables tensiones de la mesa chica del gobierno. Pese a que Melella siempre se posicionó como opositor, con su llegada al Ministerio del Interior, Diego Santilli buscó imprimirle a la gestión con los gobernadores un tinte dialoguista que le permitió consolidar un fugaz acercamiento con el fueguino. Si bien estas aproximaciones nunca significaron un acompañamiento dentro del Congreso, el Colorado había comenzado un silencioso trabajo para intentar persuadir al mandatario que desde hace tiempo reniega con el poder que La Cámpora tejió en su provincia. Una especie de pacto para elegir entre el mal y el mal menor.
La avanzada contra el puerto -un secreto a voces que en la isla se esperaban aunque no contaban con la rapidez en la que se ejecutó-, corrompió los planes del ex diputado, quien entonces se puso en contacto con Melella para apaciguar la situación e intentar recomponer un vínculo que muchos ya dan por perdido.
La buena salud de las circunstancias, en tanto, habilitaron a la gobernación de Tierra del Fuego a iniciar una serie de especulaciones. Desde la isla advierten que la decisión del gobierno por avanzar con tanta rapidez podría deberse a un acuerdo subterráneo entre el oficialismo nacional y la orga que responde a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner para limar el poder del gobernador fueguino que en los últimos meses se acercó al proyecto nacional que tiene a Axel Kicillof como aspirante a candidato presidencial en 2027 “Huele raro”, admitió un conocedor de los entramados del gobierno a este diario en estricto off the record.
Otra de las decisiones que alimentaron las especulaciones en la isla frente a un posible pacto entre La Cámpora y la Casa Rosada descansa en la decisión del oficialismo de conceder el control de la intervención a Juan Avellaneda, secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego. El sindicalista fue quien presentó la denuncia ante la agencia portuaria, lo que le valió el visto bueno del gobierno de Javier Milei para concederle el manejo de la intervención que tiene como plazo inicial de un año, aunque no se descarta que pueda extenderse aún más. Desde la provincia recibieron con sorpresa su nombramiento, puesto que advierten que el representante gremial está asociado a un sindicato “marginal” dentro del rubro, ya que la mayoría de los trabajadores responde a la conducción de ATE.
Además, desde la isla tomaron como un mensaje el silencio del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, dirigente de La Cámpora y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, frente a esta avanzada del gobierno nacional. “Si está en riesgo la soberanía provincial, lo mínimo que se espera es una declaración y no se hizo”, dijeron con tono de desconfianza desde una de las arcas fueguinas. En contraposición, este miércoles la senadora Cristina López presentó un proyecto de rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia en el que denuncia “un atropello institucional y un ataque al federalismo”.
Melella, sin embargo, comparte la sospecha con miembros del propio gobierno. Ante la consulta de este diario, desde un sector del oficialismo advirtieron que estas conjeturas internas tienen como trasfondo las rispideces aún no saldadas entre los integrantes de la mesa chica libertaria y están inmersas en una dinámica aún mayor, que excede al propio gobierno, e incluye un conflicto de intereses relacionado con una gran empresa del sector tecnológico. Pese a no mostrarse dispuestos a ahondar en el tema, la misma fuente se encargó de remarcar que bajo ningún aspecto podría haber algún arreglo entre la Casa Rosada y el espacio kirchnerista.
La intervención del puerto levanta sospechas sobre las maniobras entreguistas de Milei con Trump
Pese a las circunstancias políticas que rodean a la operatividad del puerto más importante del sur argentino, lo cierto es que en el oficialismo están enfocados en lograr que esta intervención funcione con creces para, a su vez, poder utilizarla como un aleccionador ante otros posibles conflictos. “Estamos concentrados en operar el puerto y que nadie se mande cagadas”, sintetizaron sin pruritos desde la ANPyN. En este sentido, desde la agencia y el oficialismo decidieron orquestalmente bajarle el precio a la llegada del avión Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó este domingo en la isla.
Según se constató a través de la embajada estadounidense, el mismo tenía como pasajeros una delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes estadounidense, que fueron enviados para abordar una agenda técnica que incluyó el procesamiento de minerales críticos, la gestión de residuos mineros y la investigación en salud pública. La llegada de los enviados de Donald Trump, en tanto, se enmarca en el amplio circuito de sospechas que rodean a la administración republicana y la de Javier Milei.
No es una novedad que el presidente argentino tiene particular interés en avanzar con un acuerdo para que el país del norte disponga de una base en Tierra del Fuego, por lo que la visita en medio de la intervención del puerto de Ushuaia no hizo más que aumentar las sospechas sobre un posible arreglo entre ambas gestiones para avanzar a paso firme en este sentido. En el gobierno argentino, en tanto, descartaron que el control de la ANPyN tenga relación con esta circunstancia y advirtieron que son cuestiones que van “por caminos separados”.