El Gobierno cederá recaudación por un monto equivalente a poco menos de la mitad del superávit financiero del 2024 por la baja de derechos de exportación a productos del agro. El Poder Ejecutivo decidió redoblar la presión sobre gobernadores e intendentes para que apliquen sus propios recortes en el nivel de presión impositiva y dará a conocer la letra chica de la medida este lunes.
La baja de retenciones se conoció dos semanas antes de la reunión pautada entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Mesa de Enlace agropecuaria, que había planteado como uno de los puntos a discutir en el Palacio de Hacienda la necesidad de una baja inmediata en los derechos de exportación en un contexto crítico para el sector.
Según fuentes oficiales, el costo fiscal de la medida será de unos 800 millones de dólares, que según estimó el economista de Analytica Claudio Caprarulo, equivale a 0,13% del Producto Bruto. Esto representaría poco menos de la mitad del superávit financiero que registró el sector público nacional en 2024 (0,3% del PBI). Caputo mencionó que para eliminar por completo todo ese gravamen el Estado nacional debería contar con US$8.000 millones de superávit.
El jefe del Palacio de Hacienda aprovechó el anuncio de baja de retenciones para volver a mencionar los impuestos de provincias y las tasas municipales, y aseguró que este recorte en derechos de exportación implicará una mejora recaudatoria de tributos que son coparticipables, por lo que derramará a través de mayores transferencias automáticas a las arcas de los gobernadores.
La oportunidad del anuncio de baja de retenciones se dio en medio de una negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional, que suele presionar por cambios en el esquema cambiario como parte de la discusión hacia desembolsos nuevos. No hubo anuncios oficiales sobre ninguna modificación, por ejemplo, en el dólar blend, una medida que suele ser objetada por el staff del organismo. El ministro de Economía, de hecho, salió este jueves a asegurar que «el programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina».
Distintos informes plantearon en los últimos días la situación crítica que atraviesa el sector agropecuario.
«En el mercado internacional (Chicago) la soja promedió US$361 la tonelada en diciembre 2024, lo que implicaría un precio 27% por debajo del promedio entre 2002 y 2023 (491 dólares), y su nivel más bajo desde 2006», señaló la Fundación Mediterránea. En el mercado local, la caída del poder adquisitivo de ese cultivo rondaría un 30 por ciento. «En las últimas dos décadas el precio del grano sólo estuvo por debajo de los valores actuales en algunos pocos meses de los años 2015 y 2017», estimó.
La misma institución calculó, en otro trabajo, que en 2024 los derechos de exportación aportaron entre 1 y 1,1% del PBI. «Desde su restablecimiento en 2002 y hasta 2023, representó entre el 2,6% y el 13,4% de los recursos tributarios totales del Gobierno nacional, equivalente a entre 0,6% y 3,1% del PIB. En 2024 se estima que la recaudación se ubica entre 1% y 1,1% del PIB. Estas magnitudes, en un contexto que demanda redoblar esfuerzos en materia de sustentabilidad fiscal, resultan el principal escollo de cara al objetivo de eliminar las retenciones», consideraron desde Fundación Mediterránea.
Ese centro de estudios mensuró el impacto en la carga tributaria total para el sector. En la zona núcleo, los derechos de exportación representarán el año que viene el 44% de un peso tributario total de 64% de la renta agrícola (el resto son 15% de Ingresos Brutos y un resto menos de Sellos, Cheque, impuesto a las Ganancias y inmueble rural). Para la zona extrapampeana será en 2025 el 57% del 74% total de la renta alcanzada por carga tributaria.
SE SUMAN
En respuesta, los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, hicieron anuncios en línea con los deseos de la Nación. Martín Llaryora elogió al Gobierno por reducir las «malditas retenciones» y recordó que Córdoba ya eliminó «el cobro de Ingresos Brutos a la producción».
Frigerio celebró los resultados fiscales de su provincia en 2024 y prometió eliminar «por completo» ese tributo. Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos.
Torres anunció que eximirá de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. El proyecto será enviado a la Legislatura para su tratamiento.