Después de casi un año de tironeos, la Corte Suprema le tomó juramento a Manuel García Mansilla en la mañana del jueves y el Gobierno festeja. En cuestión de horas, el oficialismo logró concretar su principal obsesión de los últimos nueve meses y se encamina a terminar de cumplir su fantasía el próximo 6 de marzo, fecha en que máximo tribunal definirá si acepta o no la licencia de Ariel Lijo en Comodoro Py.
Para celebrar el triunfo judicial -y tal como adelantó este medio días atrás– el Ejecutivo hará una invitación formal a ambos magistrados para que se sienten en el lugar designado en el Congreso para los ministros de la Corte Suprema.
Las dudas por estas horas se concentraban en si Lijo podría estar ocupando o no ese lugar, puesto que todavía no fue formalmente oficializado por el tribunal. Sin embargo, desde la Casa Rosada hicieron saber que impondrán, como de costumbre, su voluntad.
«Se va a hacer lo que quiera el Presidente»
«No nos importa lo que diga la Corte sobre Lijo, desde el momento que el Presidente lo designa inmediatamente se convierte en juez», dijo una fuente calificada ante Tiempo. La misma voz afirmó tajante que el todavía titular del juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones estará sentado junto a sus futuros compañeros tal y como establece el reglamento de la Asamblea legislativa. «Se va a hacer lo que quiera el presidente«, sentenció.
Pese a que todo se encamina a marchar acorde al plan, el oficialismo recibió durísimas críticas por su decisión de designar jueces por decreto. La más contundente fue el pronunciamiento del ex juez Juan Carlos Maqueda, quien en un reportaje calificó como «horrible» la postura del Ejecutivo y afirmó que la medida está «al borde de la inconstitucionalidad», puesto que el Gobierno debería haber optado por la vía del diálogo y la negociación con la oposición y no esperar hasta el cierre de las sesiones ordinarias para apostar por el uso del decreto.
En Casa Rosada, recogieron el guante. Un estrecho colaborador del presidente despotricó contra el exmagistrado y afirmó ante este medio que «Maqueda falló a favor de un sinfín de institucionalidades y fue cómplice de la política» en resoluciones que, afirman en Balcarce 50, también pusieron en jaque el orden constitucional.
Pese a los dichos del magistrado, en el círculo del presidente afirman que no le darán trascendencia a su postura. «No nos importa lo que diga un jubilado«, sentenciaron cerca del libertario.
En tanto, en el oficialismo creen que los pronunciamientos del arco político en contra del penalista forman parte de una puesta en escena que responde estrictamente a la conveniencia de cada uno de esos actores con sus otros intereses. “Nadie de la política quiere cargarse a Lijo, sino ya lo hubieran hecho hace veinte años”, razonó una fuente al tanto de las negociaciones con la oposición, quien a su vez afirmó que ninguna de las declaraciones de los dirigentes tiene un impacto real en la opinión pública puesto que “la gente común no tiene idea” del pasado de los actores involucrados.
Con la jura de Mansilla y el inminente nombramiento de Lijo, el gobierno se entusiasma con la posibilidad de obtener una Corte más dinámica que la actual y, por sobre todo, más afín. Incluso están confiados en que esta nueva composición dejará al gobierno en una posición más que holgada para futuros casos que pueda enfrentar ante el máximo tribunal, puesto que contarán con, al menos, 2/5 de los magistrados y la siempre vigente simpatía de Ricardo Lorenzetti, quien supo ser uno de los auspiciantes de Lijo, en contramano de los deseos de sus compañeros de banca, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Por lo pronto, este sábado Javier Milei abrirá por segunda vez la asamblea legislativa con un discurso que promete dar que hablar. Todavía en plena etapa de redacción, cerca del presidente deslizaron que el mismo contará con anuncios trascendentales en materia legislativa, con énfasis en el ítem de seguridad. En este sentido, no se descarta que el primer mandatario insista con pedir que se trate el proyecto que busca bajar la edad de la imputabilidad y la reforma del código penal que impulsa el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La designación de los nuevos ministros de la Corte le dio aire fresco a un gobierno que venía de semanas de continuos trastabilleos. La mesa chica del oficialismo se enteró casi en paralelo al resto de los mortales la decisión del tribunal de tomarle juramento a su nuevo integrante y creen que lo mismo ocurrirá los próximos días con Lijo. «Todo marcha acorde al plan», se escuchó por los pasillos.