Entre los afectados se encuentran abogados querellantes en juicios contra represores de la dictadura y trabajadores de distintas áreas del organismo. Según denuncian, la medida responde a una decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
El gobierno nacional impidió el ingreso a su lugar de trabajo a empleados y delegados gremiales de la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco del ajuste y desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Entre los afectados se encuentran abogados querellantes en juicios contra represores de la dictadura y trabajadores de distintas áreas del organismo. Según denuncian, la medida responde a una decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
“Se trata de una persecución sindical y un nuevo avance sobre los derechos laborales, en el marco del desmantelamiento de la Secretaría. Ya hubo más de 500 despidos y ahora directamente nos impiden el acceso a nuestros puestos de trabajo”, señaló Hernán Col, abogado de la coordinación de asistencia a testigos víctimas y delegado gremial.