El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el «Protocolo particular para la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales», que permitirá a las fuerzas federales infiltrarse en plataformas digitales, redes sociales y sitios web para investigar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y ciberdelitos.
El nuevo marco legal está contenido en la Resolución 828/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich y complementa la Ley 27319, además incorpora medidas de protección reforzadas para agentes encubiertos y testigos, equiparando las investigaciones virtuales a las presenciales. La Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal estarán habilitados para participar en estas operaciones bajo orden judicial, dice la normativa.
El protocolo -dice en los argumentos- responde a la «expansión exponencial de delitos en entornos virtuales», que incluyen estafas financieras, grooming, tráfico ilegal de armas y distribución de material de abuso sexual infantil.
Los expertos en ciberseguridad señalan que esta medida «moderniza el accionar policial» y permite recopilar pruebas digitales con validez judicial. Además, la resolución instruye a las fuerzas a capacitar a sus agentes en investigación digital, lo que marca un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, pese a la fundamentación, la medida genera controversias y hay preocupación por el desborde de intervencionismo de los organismos de seguridad que puede interpretarse como una suerte de espionaje blanqueado.
El campo de acción serán las redes sociales, un tema de especial interés para el gobierno de La Libertad Avanza. Todo hace suponer que habrá un patrullaje cibernético intenso.
Este nuevo escenario se configuró a partir de una seguidilla de decretos del Presidente de la Nación que modificaron al menos 65 organismos de distintos sectores (ciencia, cultura, infraestructura, salud) y que reformaron los estatutos de cinco fuerzas federales: la Policía Federal (PFA, la única transformada un mes antes), la Gendarmería Nacional (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La medida se tomó el pasado 8 de julio, un día antes de la finalización de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional a través de la Ley Bases. El autor de todas estas «transformaciones» fue el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
En el Congreso los bloques de la oposición convocaron a funcionarios nacionales a explicar los alcances de las medidas. El peronismo buscará su derogación.
Entre las distintas modificaciones de los estatutos, se reglamenta el pase de la PSA, la PNA y el SPF bajo la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que centraliza poder de decisión. Previamente, estos organismos se encontraban distribuidos en el Ministerio del Interior (PSA), la Armada nacional (PNA) y el Ministerio de Justicia (SPF). Ahora todas las fuerzas federales quedan atravesadas por el nuevo esquema del Sistema Nacional de Inteligencia y reforma sus jerarquías.s