A horas de que el Senado comience el tratamiento del pliego de Ariel Lijo, el gobierno descartó la posibilidad de nombrar al juez por decreto en caso que la sesión no prospere y ya evalúa sumar nuevos candidatos para intentar completar la Corte Suprema de Justicia. Golpeados por la imposibilidad de cerrar acuerdos con la oposición, la mesa política libertaria piensa en Ricardo Rojas, Ricardo Ramírez Calvo, Claudio Laplacette y Alberto Bianchi como posibles aspirantes.
El radical cambio de postura del oficialismo se da en medio del escándalo que supuso la divulgación de Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA que culminó con una estafa que ronda los USD 100 millones y abrió camino para que el bloque de Unión por la Patria presentara un pedido de juicio político para el presidente. Con este escenario, la mesa chica del oficialismo teme que el peronismo no cumpla con las negociaciones y se niegue a apoyar el pliego de Lijo este viernes en la sesión especialmente convocada.
Alertados de un posible cambio de planes, desde el gobierno ya anticiparon que, en caso de que el pliego del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 se caiga, no insistirán en nombrar al mismo por decreto. La decisión está en línea con lo que dejó trascender el propio magistrado desde el inicio de las negociaciones por la oposición, cuando anticipó por todos los medios posibles que no está dispuesto a dejar su cargo en Comodoro Py si su designación se concreta a través de comisión y sujeta a un año de revisión.
Cercados por todos los frentes, desde el oficialismo confirmaron que, en caso que el Senado no apruebe el pliego de Lijo, dejarán las negociaciones de lado y se dispondrán a imponer un magistrado que responda de manera taxativa a la línea libertaria. Aunque todavía no están definidos, Rojas y Ramírez Calvo, acercado al oficialismo por el propio García Mansilla, pican en punta en la bolsa oficialista.
En tanto, y como ya había adelantado este medio, García Mansilla, quien nunca logró juntar las firmas necesarias para siquiera iniciar el debate en el recinto, sí será designado por decreto una vez que finalice el período de sesiones extraordinarias el 21 de febrero. El borrador de la resolución ya estaría escrito desde hace varias semanas y contó con la estricta supervisión de María Ibarzabal Murphy, la poderosa abogada a cargo de la secretaria de Planeamiento Estratégico que está bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo.
Los posibles candidatos
El nombre de Carlos Laplacette ya rondaba los intereses de la mesa chica libertaria desde hacía varias semanas. Durante los días en los que el gobierno preparaba la eyección de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro, el nombre del constitucionalista sonó como posible reemplazante del ex ministro de la Corte menemista, que fue sacado de la gestión por accionar contra el gobierno en un litigio clave y en medio de rumores por aparentes malversaciones de su cargo.
Lo mismo ocurre con Ricardo Rojas, quien fue el primer nombre que evaluó el gobierno para reemplazar a Barra. Como contó Tiempo semanas atrás, el jurista tuvo una reunión con el presidente y su asesor estrella a fines de enero donde fue seducido para ingresar a la gestión. En aquel momento, el doctor en Historia Económica rechazó la posibilidad de sumarse a la Procuración, aunque los diálogos con la Casa Rosada nunca se cortaron del todo.
Rojas fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia desde el retorno de la democracia hasta el primer ciclo del menemato y juez en lo Criminal de Buenos Aires, lo que le valió el respeto en el mundo jurídico, una cucarda más que valorada por la gestión libertaria, que volvió a pensar en él para ocupar una silla en el máximo tribunal.
Completar la Corte, el hueso más duro de roer
A pesar de tener un Congreso más que alineado, el gobierno nunca logró juntar las voluntades necesarias para lograr imponer a García Mansilla frente al todavía abroquelado peronismo parlamentario. Para aprobar los pliegos, son necesarios los apoyos de 48 bancas, un número imposible de alcanzar sin el apoyo del bloque de Unión por la Patria, dueño de 34 jugosas bancas. En paralelo al juego de enemigos públicos que ambos espacios retroalimentan a diario, el oficialismo y los espacios que responden a Cristina Fernández de Kirchner tendieron desde hace meses puentes subterráneos para intentar unir ideas.
Cada sector puso a disposición un representante. En la silla del oficialismo se sienta el operador judicial y ministro de Justicia, Sebastián Amerio, íntimo amigo de Caputo. Del otro lado del mostrador los interlocutores no sólo se multiplican, sino que además son algo difusos. Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ y habitante del mundo judicial porteño, dialoga con frecuencia con las terminales libertarias. También lo hacen el ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, la senadora Anabel Fernández Sagasti y no merman las versiones que ponen a Eduardo ‘Wado’ de Pedro como posible representante del Instituto Patria, aunque cerca del senador niegan rotundamente este vínculo.
Después de extensas -e intensas- negociaciones, el oficialismo logró un gesto de buena voluntad de su principal rival político. Cuando el pliego de Lijo se perfilaba a fracasar, la senadora kirchnerista Lucía Corpacci concedió su firma para que el oficialismo obtuviese dictamen y destrabó lo que hasta hacía meses atrás parecía imposible.
Fue con este contundente gesto que el peronismo blanqueó su voluntad de sentarse a discutir con la gestión libertaria no sólo los pliegos de estos magistrados. También pretenden sumar a la mesa la ampliación de la Corte a nueve miembros, el nombre del Procurador y discutir las otras 150 vacantes de los juzgados nacionales que todavía están sin definirse. En el oficialismo, por su parte, dicen estar dispuestos a dialogar con sus rivales y escuchar qué tienen para proponer.
Como sea, en el gobierno afirman que completarán los miembros de la Corte antes del inicio de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. El máximo tribunal quedó compuesto por sólo tres miembros el pasado 29 de diciembre, luego de que Juan Carlos Maqueda alcanzara la edad jubilatoria y el presidente decidiera no extender su estadía en la justicia.