Después de meses de negociaciones que no llegaron a buen puerto, el gobierno publicará esta noche el decreto con el que nombrará a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. La decisión del oficialismo se dio ante la imposibilidad del oficialismo de reunir las voluntades necesarias en el Congreso y ahora ambos magistrados accederán al máximo cargo judicial por comisión por un año.
Según pudo reconstruir este medio, la redacción del decreto que sería publicado en la madrugada del 26 de febrero en el Boletín Oficial, se concretó horas antes del viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos para participar de la cumbre ultraderechista de la CPAC en Washington. El mismo, contó con la estricta supervisión del asesor todoterreno, Santiago Caputo, y el viceministro de justicia, Sebastián Amerio, que oficia en los hechos como el titular de la cartera que todavía coordina Mariano Cúneo Libarona.
Pese a contar con la voluntad política para avanzar en este sentido, lo cierto es que el oficialismo todavía debe derribar una traba aún más importante. Es que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 no quiere dejar su cargo en Comodoro Py para ser designado por este método.
Al no contar con la aprobación del Senado, la forma legalmente establecida para el nombramiento de jueces, el presidente tiene la potestad para designar por comisión a los magistrados, a condición de ser evaluados por el cuerpo legislativo durante el período ordinario. Pese haber juntado las voluntades necesarias dentro del peronismo para impulsar su pliego, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó meses atrás que el espacio impugnaría cualquier nombramiento por decreto, lo que dejaría fuera de juego a Lijo y Mansilla, un escenario para nada tentador para un juez del calibre del penalista.
Aquel alerta del jefe de bloque cayó como una bomba en Casa Rosada, puesto que desde el inicio se tendieron puentes con el peronismo para intentar sentar a ambos jueces en el máximo tribunal. Durante las negociaciones, que sentaban en una misma mesa a Amerio y a las terminales bendecidas por el Instituto Patria, el peronismo mostró disposición para acompañar los pliegos, con la condición de que el oficialismo luego garantice el tratamiento de la ampliación de la Corte, una asignatura pendiente que el espacio quiere concretar desde la conformación del ex Frente de Todos.
Pese a que todo se encaminaba a cerrarse entre el jueves y viernes pasado, el escándalo del LIBRA gate rompió los esquemas de la agenda. La participación del presidente en la difusión de un token -que resultó en una de las estafas cripto más grandes de la historia- impulsó a UxP a presentar un pedido de juicio político contra el primer mandatario. Esta inesquivable postura quebró los pactos subterráneos y la sesión en la que el gobierno pretendía completar una por ahora tripartita Corte se cayó.
Con este escenario, en las últimas horas se especuló con la posibilidad de que Lijo pudiese tomarse una licencia en su juzgado, para así poder cumplir con el pedido del presidente de quererlo en la Corte, pero sin arriesgar sus competencias en los tribunales con sede en Retiro. Sin embargo, existen versiones que indican que, de tomar este camino, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte, no estarían dispuestos a tomarle juramento, lo que obliga al gobierno a nuevamente repensar la estrategia.
Cercados, en Casa Rosada se viven horas de tensión. Pese a que las versiones indican que el decreto saldría publicado en la próxima edición del Boletín Oficial, en el gobierno tienen tiempo hasta el viernes a la medianoche, día previo al inicio de las sesiones legislativas ordinarias, para nombrar por decreto a los jueces. Decididos a completar el máximo tribunal antes de esa fecha, en el oficialismo analizan cada una de las variantes para poder iniciar su primer año electoral con la pata judicial ordenada.