El Gobierno decidió elevar el déficit fiscal en otros $2.688 millones

A través de la Decisión Administrativa 331, el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, se dispusieron aumentos de gastos sin contrapartida en incrementos de los recursos tributarios

La justificación de las modificaciones presupuestarias en $2.688,4 millones, producto de la suma de mayores gastos por $2.480 millones y caída de los recursos tributarios en $208,4 millones, los cuales se cubrirán con una leve suba de la deuda pública y más expansión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina.

Y dado que esos cambios presupuestarias no tienen contrapartida en una mejora de los recursos tributarios por sobre lo planificado, semejante incremento del gasto se solventará con «aplicaciones financieras», que constituyen un mayor desequilibrio final de las finanzas públicas.

El último dato informado de la ejecución presupuestaria base caja corresponde a marzo último, cuando el desequilibrio negativo de las finanzas públicas se multiplicó por seis en comparación con un año antes, y lo elevó a más de 8% del PBI de ese mes.

El déficit fiscal ya está arriba del 6% del PBI

En 2014 el resultado final real, esto es sin aportes del Banco Central y Anses fue deficitario en el equivalente a 6% del PBI y ahora, antes de cumplirse la primera mitad del ejercicio se proyecta a casi 9% del PBI. Semejante rojo fiscal se financia con el impuesto inflacionario que deriva la asistencia del Banco Central con emisión monetaria, la colocación de deuda pública y libramientos impagos crecientes a proveedores del Estado.

Más plata para el Posadas y para la Madre y el Niño

Entre las justificaciones del incremento de la partida de gastos en $2.480 millones los ministros argumentaron la necesidad de «atender gastos de funcionamiento y de cumplir con las metas propuestas en el marco del Programa Integral de Atención, Asistencia e Integración de Personas que Presentan un Consumo Problemático de Sustancias y del Programa de Subsidios a Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario».

De ahí dispusieron, sin contar con recursos genuinos, «reforzar los créditos vigentes de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la presidencia de la Nación», en $100 millones.

Otros favorecidos en esta oportunidad son el Ministerio de Salud, para cubrir necesidades urgentes del Hospital Posadas. Recibirá $1.800 millones adicionales a los previstos originalmente para «atender gastos derivados de la adquisición de kits para recién nacidos en el marco de las acciones de promoción de la salud a nivel comunitario, para garantizar el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para una adecuada atención y posterior crianza».

Asimismo especifica la D.A. que se adecua el presupuesto del Hospital Nacional «Profesor Alejandro A. Posadas, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, para adquirir insumos médicos, medicamentos y otros gastos para la atención de pacientes», además de «financiar prestaciones de baja incidencia y alto costo efectuadas por los Agentes del Seguro de Salud.

Refuerzan partidas para el Hospital Posadas y el plan A Favor de la Madre y el Níño

En segunda prioridad aparece el destino de $400 millones para comprar ropa para distribuir en plena campaña electoral para el Plan a Favor de la Madre el Niño, porque no resultó suficiente la partida original del Presupuesto 2015 aprobada por el Congreso Nacional para todo el año.
Mientras que se destinarán $100 millones para atención de la comunidad y $62,3 millones para la Biblioteca Nacional, que en ese caso se financian con recorte en una partida similar para la «Asistencia Social».

El resultado de todos esos movimientos no hará más que agravar el desequilibrio de las finanzas públicas, el cual el consenso de los economistas ya estiman un piso para el año del 6% del PBI, pero como dijo el ex secretario de Hacienda Manuel Solanet se amplía a 9% si se agregan 1% de gastos realizados pero no pagados y otro 2% del PBI por atraso de la inversión pública en obras de infraestructura.

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