El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció este miércoles que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales «cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
«Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas», escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En un hilo de tuits, el Cels remarcó que, con esta acción, «el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
Además, apuntó contra «algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca» que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y «pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro».
«La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión», subrayó el Cels en sus posteos.
Se refirió así a lo sucedido entre las últimas horas del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando el Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, mientras que pobladores que realizaban una protesta en las inmediaciones de ese cuerpo legislativo fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales con gases lacrimógenos y balas de goma.
#Jujuy
Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se los acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad, para que queden detenidas.El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas.
— CELS (@CELS_Argentina) July 12, 2023
Mientras los ediles salieron del recinto a realizar la lectura de lo aprobado, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes mantenían una protesta desde la tarde y exigían esa declaratoria o la renuncia de los concejales.
Por la represión, al menos cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho, según informó a Télam su madre, Elizabeth Sandoval.
El joven debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial y perdió totalmente la visión del ojo afectado.
Con Paredes ya suman tres las personas que perdieron un ojo en los avances represivos de las fuerzas de seguridad local por las protestas contra la reforma.