La posibilidad de que la CGT paralice al país por tercera vez en lo que va de gestión libertaria encendió las alarmas en un gobierno azotado por la falta de control de la agenda nacional. Con este escenario, y ante el factible acatamiento masivo que tendrá la convocatoria de la central obrera, los sectores dialoguistas del oficialismo apuestan por abrir un nuevo canal de diálogo con la Confederación para intentar desactivar el paro general.
Para el gobierno, la convocatoria que oficializó días atrás Héctor Daer desde la sede de Azopardo es una marcha estrictamente política que tiene la intención de dañar al gobierno. “Es el gobierno que más rápido sufrió un paro nacional, a los pocos días de la asunción. Estas medidas de fuerza son para defender intereses propios, nada amerita un paro”, dijo el siempre desafiante Manuel Adorni este jueves en conferencia de prensa adelantando lo que será el relato de criminalización de la medida sindical por parte de los voceros oficiales y blues del Ejecutivo.
Pese a la virulencia de los dichos del portavoz, lo cierto es que el ala componedora del oficialismo tiene intenciones de tender líneas con la CGT y buscará hasta último momento frenar la medida. En concreto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, no descarta abrir un nuevo canal de diálogo con Daer, Gerardo Martínez y Hugo Moyano, con quienes el oficialismo ya entabló vínculos al momento de diagramar la reforma laboral que se incluyó en la segunda edición de la Ley Bases.
Si bien desde el oficialismo niegan la posibilidad de concretar una reunión presencial en Casa Rosada con la cúpula de la CGT, Francos se comunicará personalmente con los popes gremiales. Si bien el titular de los ministros buscará torcer la voluntad de Los Gordos, la mesa chica de la gestión libertaria no tiene grandes esperanzas de dar vuelta la ecuación. “La violencia que hubo en la calle la semana pasada dejó a la CGT habilitada para convocar al paro”, se sinceró ante Tiempo una fuente al tanto de la estrategia oficial.
De concretarse, este será el primer contacto formal entre el gobierno y la Confederación en más de seis meses. En diciembre, el oficialismo había intentado concretar una cumbre tripartita junto a la CGT y el llamado Grupo de los Seis, que nuclea a los empresarios más importantes del país. Aquel encuentro, que tenía como principal objetivo encontrar puntos en común para avanzar en limitación del concepto de “irrenunciabilidad” y poner fin a la ultra actividad de los convenios, fue cancelado horas antes de concretarse por las tensiones irresueltas entre el empresariado y los gremios.
Pese a saber el impacto político que tendrá esta movilización, desde el oficialismo razonan que la decisión de la CGT de convocar a una nueva jornada de paro era inesquiva. «Era esperable una reacción», se limitaron a decir en Balcarce 50, donde también se encargaron de aclarar que, pese a las diferencias, el vínculo con la central obrera es fluido. Esta relación le valió al gobierno la decisión de postergar para el próximo año la discusión de la reforma laboral ampliada que buscaron imponer a través del DNU 70/2023 y la justicia frenó de cuajo.