El Ministerio de Modernización tiene bajo la lupa unos 60.000 contratos, que representan el 10% de la planilla total de la administración nacional
Un total de 60.000 contratos de la Administración Pública Nacional (no incluye provincias y municipios) están siendo analizados por el ministro de Modernización Andrés Ibarra, quien en las próximas horas anunciaría medidas para la normalización del empleo en el sector público. Este número es un 10% del total de los casi 600.000 trabajadores que tiene la Administración Pública Nacional en la actualidad.
Un antecedente del llamado «Plan de Modernización del Estado» que anunciaría el Gobierno y de las medidas que afectarán a los trabajadores del sector público son las recientes declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña en la conferencia que dio junto al ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay. «Nuestro objetivo es fortalecer el Estado. La precarización laboral de los contratados, que son más de 60.000 lo que ha dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores, son una muy mala forma de querer fortalecer el Estado. Después de muchos de clamar que querían fortalecer el Estado lo que hicieron fue empobrecerlo en término de capacidad y condiciones laborales», dijo.
Desde el Gobierno se apunta al llamado personal precarizado. Estos son regímenes de empleo que, bajo una fachada legal, ocultan una relación de dependencia que se extiende por años y que no garantizan derechos laborales básicos, como aguinaldo, estabilidad, y aportes previsionales, entre otros. Habría unos 60.000 contratos en la Administración Publica Nacional de los cuales 25.000 fueron celebrados a partir de 2012 y la mayoría serían precarizados. Una gran parte de ellos son contrataciónes transitorias, con recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldos algunos a través de las universidades, pero que el Gobierno considera precarios.
Marcos Peña: «La precarización de contratados es una mala forma de fortalecer el Estado»
Al respecto, el director de la consultora Economía y Regiones Diego Giacominni afirmó a Infobae que «este crecimiento del empleo público no sólo no contribuye al crecimiento económico, sino que es financiado con presión tributaria récord que asfixia al sector privado atentando contra la acumulación de capital, el crecimiento y la generación de puestos de trabajo privado genuinos y también es financiado con inflación».
Por otra parte el economista Orlando Ferreres sostuvo que «en el 2003 el personal de la Administración Pública Estatal (Estado, Provincias y Municipios) era de 2,4 millones de trabajadores mientras que en la actualidad llegan a 4,2 millones y hoy los empleados públicos representan el 27% del total de los ocupados».
Luego de una auditoría realizada desde el 22 de diciembre hasta el presente se habría decidido la inviabilidad de los mismos por el tipo de contratación precaria. Según fuentes gubernamentales «son precarios contratos ilegítimos que no se corresponden con una tarea específica en el Estado y que no esté trabajando y serán alcanzados por la evaluación y revisión de contratos los distintos organismos descentralizados estatales, aunque serán los propios ministerios los que lleven adelante estos procesos».
Hay muchos casos de planta permanente donde se evalúa hacer efectivas las jubilaciones de aquellos trabajadores que tengan edad de acceder a ese beneficio, y no se descarta avanzar en un plan de retiros voluntarios para algunas dependencias estatales y congelar las vacantes por el momento y abrir los concursos públicos partir de mediados de este año.
Otra de las medidas que anunciarían en los próximos días para la modernización del sector público sería la reducción de la representación de los gremios, tanto de UPCN como de ATE, en los organismos del Estado. El caso más emblemático es el INDEC que tiene unos 1.600 trabajadores, de los cuales unos 120 son delegados, cuando por ley solo correspondería que fueran solo 17. «Esta cantidad de delegados excede la Ley de Asociaciones Sindicales de 1998», aseguran desde el Gobierno.
En una primera etapa, de acuerdo a lo que pudo investigar Infobae podrían ser cesanteados unos 25.000 trabajadores. Hasta el presente habría unos 8.000 en esa condición que ingresaron el año pasado pero desde el Gobierno han aclarado que no se trata de despidos sino que no se renuevan los contratos. Con la publicación el 21 de enero del Decreto 227/2016 en el Boletín Oficial el Gobierno estableció en su artículo 4 que «las contrataciones efectuadas en el marco de la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional requerirán la previa intervención del Ministerio de Modernización».
Pero además se agrega que «lo establecido en el párrafo precedente será de aplicación a aquellos supuestos de renovaciones o prórrogas de contratos en los cuales se modifique la equiparación retributiva al máximo nivel o categoría escalafonaria», sostiene el texto que es una especie de anticipo de lo que se viene. Por el momento los anuncios de despidos o finales de contrataciones están generando protestas desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que amenaza con medidas de acción y preparan un gran paro nacional para antes de marzo de acuerdo a lo que manifiesto esta semana su titular Hugo Godoy quien contabiliza unos 15.000 trabajadores despedidos desde diciembre hasta ahora.