La publicación del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia 25.520 y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), generó una inmensa ola de reacciones en la oposición que se expidió de manera tajante contra la disposición firmada entre gallos y medianoche por Javier Milei el último día del 2025. Pese al rechazo que generó la medida, en el gobierno advierten que no modificarán ningún ítem de la nueva carta normativa del organismo y aseguran que la justicia no tendrá margen para dar lugar a los recursos presentados por la oposición dado que, al menos hasta el momento, no se cometió ninguna ilegalidad en la puesta en marcha de este nuevo esquema.
La respuesta del gobierno llega luego de la presentación de tres amparos judiciales para frenar el decreto. Uno fue presentado por el ex legislador Yamil Santoro; el segundo por Federico Storani y Leopoldo Moreau; y el último por los diputados del interbloque Unidos, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón. En los considerandos del mismo, los legisladores advirtieron que el mismo resulta “violatorio de los Artículos 99 inc. 3 de la Constitución de la Nación Argentina y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación aplicable por disposición del Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.
Pese a la rimbombancia del caso, fuentes al tanto de la estrategia judicial que puso en marcha la Casa Rosada para contener la situación advierten que el litigio no pasará a mayores dado que entienden que la justicia no gusta de entrometerse en decisiones tan sensibles del Poder Ejecutivo. Además, explican que el mismo no podría tener lugar dado que los amparos sólo pueden ser aceptados cuando se comete un delito y no antes.
“No debiera tener ninguna razón de ser que le den lugar a los amparos, porque nadie puede acreditar legitimación. Para presentar una medida contra estos recursos tenes que demostrar daño y nadie puede acreditarlo”, dijeron ante Tiempo en un importante despacho de la gestión.
Sin embargo, la mesa chica del gobierno gusta de estar siempre un paso adelante. Es por eso que el presidente instruyó a sus laderos a conformar una estrategia jurídica que les permita dar una respuesta certera en caso que el tribunal que esté a cargo de la causa decida avanzar. De hacerlo, en el gobierno confirmaron que apelarán la resolución judicial y que para ello se basarán en jurisprudencia que les permita continuar en línea recta con las modificaciones que presentaron. “La justicia tiene jurisprudencia pacífica”, afirman tajantes desde el Ejecutivo.
La estrategia legal no es la única que el oficialismo puso en marcha. Decididos a que el Congreso no sea un impedimento para sus planes, en el gobierno trabajan para dilatar cuanto sea necesario la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia que hasta febrero preside Oscar Zago en representación de Diputados. Según establece la ley, el Ejecutivo, mediante el jefe de gabinete, en este caso Manuel Adorni, tiene un lapso de diez días hábiles para enviar el decreto al recinto. Una vez ingresado del mismo, el poder legislativo tiene otros diez días para conformar las comisiones necesarias para tratar la resolución. Hasta entonces, toda norma promulgada vía decreto se mantiene vigente.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) January 2, 2026
Con esta circunstancia, en el gobierno apuestan por imponer su estrategia de dilatación. Con el recambio de la composición del Congreso el pasado 10 de diciembre, todas las comisiones, incluída la Bicameral, sufrieron bajas en su composición. Ante esta circunstancia, en el Ejecutivo apuestan por retrasar lo más posible su consolidación durante el periodo de extraordinarias, con el fin de “ganar tiempo” y asegurarse la vigencia del decreto el mayor tiempo posible.
Sin embargo, y pese a los deseos presidenciales, desde el palacio legislativo advierten que pese a que las comisiones están incompletas, no invalida que el pleno pueda tratar el proyecto con una mayoría simple en el recinto. “Los plazos corren y los tratamientos de decretos es uno de los temas que el Congreso puede tratar fuera del periodo ordinario, sin que el presidente lo incluya. Por eso, a mediados de enero y principios de febrero puede tratarse”, explicaron desde un despacho legislativo a Tiempo. En el gobierno, en tanto, insistirán para que todo marche acorde al plan.
La «modernización» de la SIDE, el placer no culposo del gobierno
Como contó este medio meses atrás, la “modernización” del sistema de inteligencia se convirtió en una prioridad para el oficialismo desde el momento que el Congreso decidió rechazar el DNU 656/2024, con el que el presidente buscaba asignar $100 mil millones al organismo por entonces conducido por el eyectado Sergio Neiffert. El freno del poder legislativo no fue suficiente para calmar las ansias de la gestión Milei, que aumentó cuatro veces el presupuesto del organismo en poco más de dos años de gobierno.
La publicación del nuevo decreto, sin embargo, se parió mala. Horas antes de que la resolución fuese publicada en el Boletín Oficial, desde las entrañas del propio gobierno habían dejado trascender el documento, un movimiento que generó resquemor puertas adentro del oficialismo. Según confiaron a este diario fuentes al tanto de las circunstancias, la redacción de la nueva normativa lleva meses de preparación y sólo un puñado de personas dentro del oficialismo estaban al tanto de su puesta en marcha. Tanto así, que muchos directivos y agentes de la SIDE se enteraron junto con el resto de los mortales de las sustanciosas modificaciones.
Entre los cambios más sustanciales de la nueva carta magna del organismo se encuentra la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Hasta su supresión, la entidad tenía obligación de reportar al ministro de Defensa -todos civiles desde 1983 hasta la llegada de Carlos Presti al gabinete- los informes de inteligencia estratégica elaborados para colaborar con las Fuerzas Armadas. Desde ahora, la misma será reemplazada por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), que tendrá como función la producción de inteligencia estratégica militar y sectorial de defensa.
En concreto, esta nueva disposición saca del ecosistema de control y autoridad al ministro de Defensa de turno. Según pudo recabar este medio, ésta decisión -inconsulta en el edificio de la calle Azopardo-, provocó un fuerte descontento dentro del ecosistema de Defensa, donde en off the record se encargan de advertir que con estos cambios el máximo titular de la cartera quedará “pintado al óleo” por la falta de poder de decisión en la estrategia. Dadas las circunstancias, en el gobierno advierten que la filtración del texto cuidado bajo siete llaves podría haber sido facilitada desde el propio ministerio. Nunca se sabrá.
La escritura de la modificación de la Ley de Inteligencia estuvo a cargo del subsecretario administrativo y virtual comisario político del organismo, José Lago Rodríguez, y contó con la estricta supervivencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial y jefe político del organismo, Santiago Caputo. Con una tregua que muchos advierten forzada, los miembros honoríficos del Triángulo de Hierro se repartieron el control de las áreas más sensibles de la Secretaría, en un gesto de pleitesía mutua que les permita seguir conviviendo en paz, al menos, por un tiempo. El manejo del organismo, que seguirá estando a cargo del flamante secretario, Cristian Aguarda, tendrá ahora un contrapeso con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que dependerá de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni. Salomónico.
Con estos cambios, el Ejecutivo augura tener un mejor y mayor control sobre la inteligencia interna en medio de un clima internacional convulsionado. Confiados en que estas modificaciones traerán óptimos resultados, en el oficialismo advierten que ésta es sólo una primera etapa de reformas que podría ser aún más profunda en los próximos meses.