Los representantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados propusieron una resolución por la cual solicitan admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan en la misma.En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se enumeraron los 14 expedientes que «solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones».
«Los catorce pedidos promovidos acumulan más de sesenta hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales», apunta el texto.
El escrito indica también que «el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático».
Esta propuesta de resolución administrativa elaborada por el FdT será puesta a consideración de la comisión sobre el final de la reunión luego de que el interbloque Federal y Juntos por el Cambio expongan los fundamentos de las suyas.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
Juntos por el Cambio se opone
El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la comisión homónima.Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.
Entre los fundamentos de su iniciativa, JxC señaló que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez»
«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial«, agregó.
Para la principal bancada opositora de Diputados, «habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio».
Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: «La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias».
La propuesta de JxC, al igual que la del FdT, que pidió la admisibilidad de los pedidos de juicio político , serán puestas a consideración del plenario de la comisión al final las fundamentaciones de los diputados.
Al intervenir en el debate, el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, insistió en que «la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias», en el marco de su argumentación por el rechazo a la admisibilidad del proceso de juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal.
Moreau: «La Corte asume facultades que no le son propias; ese es el verdadero golpe de Estado»
El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló este jueves, al fundamentar la admisibilidad del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que el máximo tribunal «asume facultades que no le son propias» y que «ese es el verdadero golpe de Estado».
En el marco de la reunión de la comisión de Juicio Político que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el legislador oficialista salió así al cruce de las argumentaciones del integrante de Juntos por el Cambio-Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había señalado que el proceso en curso contra los cuatro miembros de la Corte «debilita la democracia».
«¿Cómo la aplicación de un artículo de la Constitución (el 53 sobre mal desempeño de las funciones de miembros de la Corte) va a debilitar la democracia? Si creen que debilita democracia propongan una reforma constitucional para suprimirlo», dijo el diputado.
A continuación agregó: «Creo que el ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia; sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y se subroga a los otros poderes».
«Asume responsabilidades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado. La democracia en la Argentina está suspendida, condicionada por la decisión de una Corte que ha resulto ponerse por encima de las facultades la propia Constitución le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo«, agregó.
Moreau enfatizó también, dirigiéndose a la oposición: «No digan que ahora están preocupados por la democracia; porque cuando dicen que atentamos contra la democracia, les recuerdo que no repudiaron el golpe de Estado en Bolivia».
En otro pasaje de su discursó, espetó: «Se ha dicho que no se puede avanzar sobre contenido de las sentencias, pero a ese argumento lo contradicen la historia y la actualidad».
«En el precedente del mal desempeño en el juicio a miembros de la Corte en 2003, la diputada Carrió firmó un dictamen en el que dice que para avanzar se deben analizar sus sentencias, sus fundamentos y las consecuencias de los mismos, y yo no me opongo a esto, respaldo este concepto«, recordó.
El diputado del FdT, añadió: «Los jueces producen sentencias y los juzgamos por los resultados. La Corte no tiene instancia de revisión salvo la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, sobre todo cuando las sentencias se usan como instrumento espurio».
«Con sentencias negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de un señor de apellido Robles», continuó.
Y concluyó: «Robles es el que actuaba como intermediario en este caso y en muchísimos más, para negociar sentencias. Se puede avanzar -en el enjuiciamiento- sobre sentencias, y sobre todo en sentencias negociadas por voceros que actúan en el despacho de al lado del presidente de la Corte«.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del «2×1» para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
Otra de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
El interbloque Federal propuso rechazar la apertura del juicio político
El presidente del interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, propuso este jueves ante la comisión de Juicio Político que no se admitan los 14 expedientes a través de los cuales se propicia ese proceso a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rodríguez es el único representante de la comisión que no forma parte de ninguno de los dos espacios mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y su posición no incide en la resolución que se adopte, ya que el oficialismo ostenta mayoría en la composición del cuerpo de trabajo (16 sobre 31).
Tras advertir sobre algunas cuestiones relacionadas con los tiempos que se manejan en la comisión y sobre «el temperamento que el oficialismo pretende darle al proceso», Rodríguez justificó su propuesta de rechazo.
“Del análisis de los catorce expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación”, señaló en su escrito.
El legislador nacional propuso que “al no verificarse evidencias notorias ni causales graves para la procedencia del Juicio Político, corresponde que la Presidencia de la Comisión pase los catorce expedientes mencionados al plenario de la Comisión para emitir dictamen, tal como lo exige el artículo 10 del Reglamento Interno”.
El riojano Herrera, elegido para ocupar una de las vicepresidencias de comisión de Juicio Político
El bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados propuso al riojano Ricardo Herrera como vicepresidente segundo de la comisión de Juicio Político, para ocupar el cargo que había dejado vacante la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al renunciar a su banca.
La designación de Herrera motivó la objeción del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan López, quien preguntó si el legislador avalaba los dichos del gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, «sobre que no acataría fallos de la Corte».
En respuesta, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, respondió: «Venían a ‘picantear’ la reunión desde el inició y va a ser así», tras lo cual se dio por cerrada la cuestión.
Por otra parte, el integrante del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, pidió que la reunión se postergara para poder interiorizarse sobre la documentación que se puso a consideración de los diputados, al sostener que la recibió «pasadas las 10 de la mañana».
La solicitud fue desestimada por el bloque oficialista con la mayoría de sus 16 integrantes.