El juicio que se efectuará este año contra el excomisario de la Policía Federal de San Martín Roberto Álvarez por privación ilegítima de la libertad y tormentos a la exintegrante de la organización Montoneros Aixa Bona expone una vez más la coordinación de las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia durante la dictadura militar, con un importante despliegue de todo su aparato represivo para exterminar la llamada «Contraofensiva montonera» en los años 1979 y 1980.El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín determinó el martes pasado que dará inicio al juicio contra Álvarez entre fines de marzo y principios de abril, y que las audiencias se llevarán a cabo -de ser necesario- por la tarde, decisión que tanto la querella como la fiscalía interpretan como una «buena señal».
«Que dispongan que este juicio se va a hacer y que si hace falta las audiencias se harán a la tarde -fuera del horario normal de tribunales que es de 7.30 a 13.30- demuestra voluntad para ir más rápido, es una buena señal en función de acelerar los juicios», dijo a Télam el reconocido abogado querellante en causas de lesa humanidad Pablo Llonto, que representa actualmente a Bona.
Esta causa se desprende del juicio «Contraofensiva» realizado en 2020, a partir de que en una de las audiencias testimoniales Álvarez declaraba en calidad de testigo cuando Bona lo reconoció gracias a la transmisión en vivo efectuada por el medio alternativo La Retaguardia y dio aviso a su abogado de que «ese hombre fue uno de sus captores».
«En ese momento Aixa ve el rostro de Álvarez y lo reconoce como la persona que la trasladó desde Campo de Mayo donde se encontraba secuestrada hacia la departamental de la Policía Federal a cargo del propio Álvarez, donde permaneció otra cantidad de días cautiva en condiciones inhumanas», relató Llonto.
Una vez suspendida la testimonial de Álvarez y finalizada aquella audiencia, Bona realizó declaraciones al programa radial de La Retaguardia donde sostuvo que no sólo lo reconoció físicamente si no que le reconoció la voz.
«Tuve contacto con él la noche en la que me sacan de Campo de Mayo, lo vi cuando me sacó la capucha. No tengo ninguna duda, en esa situación uno no se olvida de la cara», dijo en aquel entonces Bona.
Bona y su compañero Gervasio Martín Guadix formaron parte de la Contraofensiva de Montoneros. Bona integró un grupo de tres matrimonios que conformaban Tropas Especiales de Agitación (TEA), y entre sus tareas se encontraba la de imprimir libros de Montoneros y distribuirlos por correo.
A Guadix lo secuestraron en Buenos Aires el 25 de agosto de 1980, a Bona la capturaron sólo dos días después, cuando su hija Dolores tenía sólo un año y medio. A ambos los trasladaron a Campo de Mayo.
Bona recordó el diálogo que mantuvo con Álvarez durante su traslado a San Martín, dado que el comisario «tenía ganas de hablar y saber qué pensaba». Ella no dudó en preguntarle por su compañero, a lo que el entonces comisario respondió que «estaba colgado», lo que en la jerga quería decir que su situación no estaba definida.
Cuando Álvarez fue reconocido por una de sus víctimas
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Guadix fue asesinado pero la dictadura intentó hacer pasar su crimen por un suicidio en el puente fronterizo de la localidad correntina de Paso de los Libres, como si recién ingresara desde Brasil.
Bona, en cambio, fue «blanqueada», estuvo unos días en la comisaría de San Martín «a disposición del Poder Ejecutivo» y permaneció privada de la libertad en la cárcel de Devoto hasta finales de la dictadura.
«Ese tiempo que está en la delegación estuvo grillada y sin comer en un estado de tortura, es la función que cumplían las comisarías en esta lógica, antes o después de estar en Campo de Mayo», explicó en declaraciones a esta agencia la fiscal auxiliar de la causa, Gabriela Sosti.
La fiscal remarcó que uno de los intereses de esta causa es «demostrar una vez más la función que tenían las distintas policías en el aparato represivo de poder y fuerzas que estaban bajo el mando operacional del Ejército».
«Esta causa nos permite hacer foco sobre la función de intercambio que tuvieron y se sucedía dentro de un contexto que se llamaba ‘comunidad informativa’, integrada por todos los miembros que pertenecían a la inteligencia de las distintas fuerzas», amplió Sosti.
Desde la perspectiva de la fiscal, en todos los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado «el responsable primario del exterminio fue el aparato de inteligencia liderado por el Ejército», pero también «todas las fuerzas que estaban bajo su mando, y en particular sus sectores de inteligencia fueron fundamentales».
Sosti resaltó que «la particularidad de Álvarez es que él venía de la Superintendencia de Seguridad y había estado en la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea, era un tipo de Inteligencia dentro de la policía y comisario».
Por ello, la fiscal lamentó que durante la etapa de instrucción no se investigara «su incumbencia funcional durante todo el período de actuación en San Martín», dado su involucramiento previo en sectores de inteligencia, y que la causa sólo se circunscriba a la privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Bona.
«Lo importante de esto es el conocimiento y la integración de la Policía Federal dentro de la comunidad informativa que también operó en Campo de Mayo, así como la vinculación de esta causa al universo de la persecución a la Contraofensiva», completó Sosti.
Contexto histórico
La llamada Contraofensiva consistió en una acción emprendida entre 1979 y 1980 por grupos de Montoneros que decidieron volver al país desde el exilio para luchar contra la última dictadura.
Las personas que participaron de esta operación fueron capturadas, desaparecidas o asesinadas por las estructuras de la inteligencia militar -crímenes que se perpetraron además en otros países como Perú, España, Brasil o Bolivia- gracias a la información que habían obtenido en base a las torturas aplicadas a los cautivos en centros clandestinos de detención.
«Hay una simplificación de mucha gente que cree que la Contraofensiva era solamente las acciones armadas y, en realidad, era una cantidad de acciones de resistencia a la dictadura que incluía tareas gremiales, de difusión, de elaboración de libros y revistas, de diálogo con fuerzas políticas de Argentina o denuncias de violación de derechos humanos», enumeró Llonto.
En este sentido, el sobreviviente de la represión a la Contraofensiva de Montoneros Gustavo Molfino, quien con sólo 18 años supo ser enlace entre las bases y la conducción montonera, aseveró que «era necesario y de suma importancia resistir la dictadura de todas las formas posibles».
«En aquel entonces estábamos totalmente convencidos de que algo había que hacer o seguir haciendo para que se termine la dictadura militar en la Argentina y durante el juicio Contraofensiva logramos que fuera un eje central el derecho a resistir», remarcó a Télam Molfino, quien formó parte de la querella en aquel juicio.
Acerca del modus operandi, Molfino señaló que «todo el aparato de inteligencia militar actuó en aquel entonces como la ‘Gestapo’ en Argentina, condujeron la represión en todo el país sin ser actores mediatos de cara visible, no los veíamos directamente en los operativos pero eran quienes manejaban los hilos».
«La importancia de visibilizar las causas, la trasmisión de los juicios -que como sucedió con el caso de Aixa permitió que reconociera a su represor- la desclasificación de archivos, toda la lucha que llevan adelante los organismos de derechos humanos, nos acercan cada día un poco más a la justicia y la verdad que nos merecemos», completó.