El tránsito hacia un país sin Estado, tal el sueño que persigue el modelo libertario, supone la ausencia total de organismos que brinden servicios que (hoy) se consideran esenciales, o importantes, para el desenvolvimiento de la sociedad. Sin embargo, en el ideario de los Milei, es decir el Presidente de la Nación y sus enfervorizados acólitos, es posible vivir sin el Estado en cualquiera de sus voluminosas formas, para eso -dicen- está el sector privado que puede ofrecer igual respuesta, en menor tiempo y a un costo más bajo. En este principio, ciertamente discutible, se apoya el proyecto de los actuales gobernantes y hacia ese objetivo apuntan. El ajuste, vulgarmente llamado «motosierra», es el vehículo para llegar a la meta. El proceso hacia la Argentina ya sin Estado o bien reducido a su mínima expresión, significa un trauma de consecuencias indescriptibles, pero además luego al alcanzar el resultado habrá secuelas que marcarán el destino colectivo. La pregunta que se impone es si ¿está el país preparado para seguir adelante sin la rectoría que representa la presencia del Estado?
Un ejemplo es la Casa de la Moneda. Un tema de estricta coyuntura que al ser analizado sin el apasionamiento de la subjetividad permite visualizar los dos escenarios que abre la liquidación del Estado.
La desaparición del organismo, que está en la agenda inmediata de la administración del libertario Javier Milei, acarreará un conflicto social porque habrá que dar de baja a más de 1.300 trabajadores. Con independencia de si la plantilla de personal es exagerada o si todos cumplen con la función o son eficientes en su tarea, o si hay un derroche presupuestario, todas cuestiones que son legítimas para habilitar un debate, lo indiscutible es que la reestructuración del organismo para hacerlo más pequeño hasta que finalmente desaparezca provocará un trauma. Primer escenario.
Concatenado a esto, la liquidación de la Casa de la Moneda repercutirá también en materia financiera: no habrá quien imprima billetes. Entonces el Gobierno tendrá que recurrir a «imprenteros» foráneos, como ya lo hizo en los últimos años. Se imprimieron billetes en Brasil, España, en China.
Otra complicación, que no es menor, el sistema electoral argentino se quedará sin una pieza valiosa, ya que en la Casa de la Moneda se imprimen los padrones oficiales de electores que luego se utilizan en las elecciones. Segundo escenario, que para muchos pasa inadvertido.
El anuncio del Gobierno del libertario Javier Milei sobre la motosierra en la Casa de la Moneda encendió luces de alarma en el fuero electoral, especialmente porque en el próximo turno se implementará -por primera vez- la Boleta Única de Papel, cuyo ejemplar debería imprimirse con el sello de calidad que el acto institucional lo demanda. ¿Lo hará un privado?
El interrogante, por ahora, está flotando sin respuesta. Lo que dijo la Casa Rosada, a través del comentarista presidencial que ostenta el rol de «vocero», es que la intención es disolver la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica -por la que el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue condenado por corrupción- y reestructurar la Casa de la Moneda. Las razones, como en todos los casos, son meramente economicistas. Antes que ordenar prefieren cerrar.
Algunas medidas suenan atractivas como título, pero a la hora de la puesta en práctica las ideas estrafalarias colisionan con la realidad. Ya es bastante urticante perder la imprenta oficial de los billetes argentinos, pero no es lo único que se confecciona en la Casa de la Moneda, pues allí también se hacen los pasaportes, patentes de autos, las estampillas, una batería de artículos que hacen a los trámites oficiales y que reclaman de calidad y seguridad.