La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó este lunes que el Estado colombiano es responsable por el exterminio, desde la década de los ochenta, de más de 6.000 líderes sociales, políticos -entre ellos dos candidatos presidenciales- y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP).»La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años», publicó la institución en un comunicado sobre la sentencia.
Según el fallo, el Estado colombiano violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia de los integrantes de la UP, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
«La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros», precisó el texto.
Estos actos constituyeron «parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad», agregó el documento, reportó la agencia de noticias Sputnik.
Como medidas de reparación, la Corte IDH estableció que el Estado colombiano tendrá que organizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad y tendrá un plazo de dos años para iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad por las graves violaciones de derechos humanos.
El Estado colombiano, además, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en diferentes ciudades, para honrar a quienes resultaron afectados por el exterminio.
La UP fue fundada en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto con otros grupos rebeldes y con el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El 22 de marzo de 1990 fue asesinado a tiros el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, en el aeropuerto internacional de Bogotá. También fue asesinado el postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987. Pero los de los candidatos apenas fueron los casos más destacados de una auténtica masacre a un sector ideológico de la política colombiana.
Según la Corte IDH, «como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la suba en la arena política de la UP» y comenzaron los actos de violencia contra sus integrantes, simpatizantes y militantes.
Hoy un tribunal de justicia de caracter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda.
Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2023
«Hoy un tribunal de Justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio», había tuiteado previamente el presidente colombiano, Gustavo Petro. En ese mensaje, el mandatario mostró plena disposición a cumplir el fallo de la CorteIDH.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, cuyo padre, el congresista comunista por la Unión Patriótica Iván Cepeda Vargas, fue asesinado en las calles de Bogotá en 9 de agosto de 1994, señaló que «sin duda, esta sentencia hace justicia a tres décadas de lucha de las víctimas».
Hoy Colombia y el mundo conocerán la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en un caso que marca la historia de nuestro país: el genocidio político de la @UP_Colombia. Felicito a @AidaAvellaE, @JahelUp y a las víctimas que en los últimos 30 años lucharon por la justicia. pic.twitter.com/Di3iV55y3f
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 30, 2023
En su cuenta de Twitteer, el senador subió un video en el que señala que este fallo «se constituye en un precedente para que en el futuro no se vuelva a repetir en Colombia un genocidio político».
«Esta decisión -concluyó- dice claramente que el Estado colombiano ha tenido responsabilidad en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación, de verdad y justicia que son fundamentales para de alguna manera resarcir a más de 6.000 víctimas directas y a miles de personas que han sido blanco de este genocidio político».