El costo laboral que persiste

Más allá de la inflación, la observación de la realidad económica desde la mirada del asalariado se posa en este tiempo en la capacidad de compra.
Es ese poder adquisitivo que tiene atado el poder de adquirir bienestar, más allá de la situación mejo­rada que se experimentó en los últimos meses.
Bien vale marcar esta cuestión, ya que, por ejem­plo, la clase media tiene como objetivo veranear en el exterior, principalmente Brasil.
Pero más allá de esto, la cuestión tiene aristas complejas, que empiezan a alertar: los costos labo­rales y los impuestos reducen a menos de la mitad el salario de un empleado de comercio, es­tima un informe realizado por la Cámara Argentina de Distri­buidores y Autoservicios Mayo­ristas (Cadam), y que publicó la agencia Noticias Argentinas.
El reporte revela que de $ 1.241.189, que aporta mensual­mente el empleador, termina en manos del trabajador sólo $ 457.312, por el impacto de las cargas laborales y tributarias que se llevan parte de la remu­neración.
Al respecto, desde la Cadam calcularon que entre la sumatoria de los costos laborales y los impositi­vos, «el poder real del salario aportado al trabajador se reduce al 36,84%». Ante este escenario, la entidad pidió «una urgente reforma laboral que las elimine».
Al detallar las cargas laborales, mencionaron «los aportes obligatorios, como por ejemplo, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológi­ca para el Comercio (Inacap), aunque el empleado no se capacite, hasta la contribución adicional solidaria a Osecac, que nació en la pandemia producida por la covid-19, pero que irrisoriamente se sigue cobrando hasta el día de hoy». En relación a este último costo, el informe precisa que, «actualmente, la cuota soli­daria es de $ 5.500 por cada trabajador», y asegura que se debe abonar «tengan o no Osecac como obra social», según «reza el aviso de la web de Faecys, y se actualiza con cada paritaria».
En el caso del aporte al Inacap, es necesario recor­dar que recientemente el Gobierno dispuso, median­te el Decreto 149/2025 que los comerciantes dejarán de realizar la contribución obligatoria mensual en concepto de capacitación por cada empleado regis­trado, que venían haciendo desde 2008.
Como otro ejemplo, se hizo referencia al seguro obligatorio «La Estrella», al que se definió como «un exclusivo fondo de retiro que ad­ministra una empresa que defi­nió el sindicato», exponiendo que «no hay libre elección, sino que se impuso, por acuerdo paritario, e involucra el 2,5% del salario».
En ese sentido, la Cadam pun­tualizó que «dicho seguro fue es­tablecido en la década de los ‘90 como un sistema complementa­rio al régimen de previsión social para los empleados de comercio», especificando que «se financia mediante un aporte mensual del empleador equivalente al 2,5% de la remuneración del trabajador».
Pero más allá de los detalles técnicos, de un infor­me claro y contundente, la cuestión pasa por avan­zar con reformas en el sistema laboral. La promesa en la campaña, y de casi todas las fuerzas políticas, pone en definitiva a la situación con uno de los pro­blemas medulares de la economía. Es que en tantos años de presión al sistema, la dinámica económica se llevó puesta gran parte de la normativa laboral.
Es tiempo de política, de campaña para las eleccio­nes, y nada hace prever que los proyectos que surjan para subsanar esta cuestión puedan tener algún tipo de análisis en el Congreso. Aun más, todos los secto­res van a pujar por sus ideas, lejos de intentar conse­guir los acuerdos que amerita la situación.