Tres años después de que el entonces presidente del Perú, Martín Vizcarra, marcara un hito al cerrar el Congreso por vías constitucionales, esa posibilidad volvió a quedar sobre el tapete, aunque en un marco distinto y con menos opciones de concretarse.Al menos eso sostienen portavoces del Congreso, para quienes la intención del presidente Pedro Castillo es obligar al Parlamento a negarle una cuestión de confianza. Eso dejaría al Congreso en una posición complicada, pues la Constitución faculta al jefe de Estado a cerrarlo si se le niegan dos cuestiones de confianza.
En ese marco se da un cruce de acusaciones entre los dos poderes: mientras Castillo sostiene nacional e internacionalmente que el Parlamento prepara un “golpe de Estado”, los legisladores acusan al Gobierno de maniobrar para sacarlos del camino.
Todo eso ocurre a falta de una semana para que arribe a Lima una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), formada por el canciller Santiago Cafiero y sus pares de Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay, así como los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica, con la tarea de estudiar la situación y plantear fórmulas de entendimiento.
Las partes “están jugando para la tribuna”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz. El Gobierno de izquierda y el Congreso, controlado en gran parte por partidos de derecha, tratan de mostrar que tienen la razón.
La Constitución peruana, de estirpe presidencialista, añade elementos propios del parlamentarismo, que les da a cada uno de los dos poderes herramientas para actuar sobre el otro.
Así, el Legislativo puede destituir ministros mediante la censura, e incluso al mandatario a través de la figura de la vacancia por “incapacidad moral”, como pasó con Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Vizcarra en 2020.
Por el otro lado, si un Gobierno considera imprescindible que el Congreso le apruebe una propuesta, la plantea como cuestión de confianza. Si a lo largo del quinquenio hay dos rechazos a cuestiones de confianza, el presidente puede cerrar al Legislativo y convocar nuevas elecciones solo para ese poder.
El congreso de 2016-2021
En el pasado quinquenio (2016-2021), el Congreso, dominado con mayoría absoluta por el partido de derecha Fuerza Popular (-FP), le negó la confianza a un gabinete de Kuczynski. Se dio un gusto en ese sentido al ver irse a los ministros, pero desde entonces colgó una espada de Damocles sobre su cabeza.Y hubo segunda vez. Ya caído Kuczynski, su sucesor, Vizcarra, también bombardeado por FP, le pidió al Congreso no seguir con un polémico proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Y lo hizo bajo la figura de la confianza. Como el Congreso no obedeció, el mandatario lo cerró.
En el recuerdo de los peruanos está esa noche del 30 de septiembre de 2019, cuando el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, entró literalmente a empujones al Congreso y, Constitución en mano, envió a los parlamentarios a sus casas.
Después hubo elecciones y el nuevo Congreso quedó otra vez en manos de la oposición. Pasaron solo unos meses antes de que se cobraran la revancha y Vizcarra fuera destituido.
Alertado por ese antecedente, el actual Congreso, que desde que comenzó el período en julio de 2021 entró en guerra con Castillo, limitó hace un año las razones por las que el Gobierno puede apelar a cuestiones de confianza.
Por ejemplo, ya no puede plantear la figura en cláusulas de intangibilidad de la Constitución, en iniciativas de reforma constitucional o en iniciativas que sean de competencia exclusiva del Congreso. El TC, al que le llegó el caso, les dio la razón a los congresistas.
El Gobierno presentó entonces un proyecto de ley para retomar algunas de las causales, el que fue ignorado por el Congreso. Ahora, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, planteó ese proyecto como cuestión de confianza, pero el presidente del Congreso, José Williams, le advirtió que no será sometido a debate ni a votación.
Ni los analistas saben qué vendrá ahora. Torres insiste en que el proyecto se debata y Williams enfatiza que eso no pasará. Probablemente la misión de la OEA analice el punto, pero, al no tener mandato vinculante, tampoco podrá imponer una solución.
En lo que coinciden los analistas es en que el Congreso no quiere bajo ninguna circunstancia que se considere que le ha dicho no a una cuestión de confianza, pues eso, en términos de fútbol, es una tarjeta amarilla riesgosa.
La “guerra” Gobierno-Congreso ha llevado a que este último desarrolle dos procesos de vacancia contra Castillo, los que han fracasado por no reunirse los 87 votos requeridos (de 130). En la actualidad está en marcha un tercero, pero tampoco se le ve futuro en la medida en que hay no menos de 50 congresistas que rechazan la destitución presidencial.
La acusación se da en base a comentarios que Castillo hizo en una entrevista de televisión sobre una salida al mar para Bolivia, pero muchos juristas estiman que el caso no alcanza connotación delictiva
Ante esa situación, los opositores apuntan a darle luz verde a una denuncia constitucional planteada contra Castillo por la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción o a proceder a acusarlo por traición a la patria. Para suspender temporalmente al presidente en esos escenarios bastarían 66 votos, que en teoría sí serían alcanzados.
Para la oposición parlamentaria ese escenario sería incluso mejor, pues, al estar Castillo solo suspendido, en teoría habría posibilidades de que retorne y no se podrían hacer nuevas elecciones.
Así, Williams o con quien ocupe el cargo en ese momento, sería jefe de Estado interino hasta el fin del período en 2026, pues todo está listo para sacar también a la vicepresidenta, Dina Boluarte, acusada de figurar como presidenta de un club privado cuando ya era ministra de Inclusión, lo que está prohibido.
Pero tampoco es un camino expedito. Por un lado, la Constitución señala que a un presidente en funciones solo se le puede procesar por cuatro delitos -traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, impedimento de elecciones o intervención en órganos electorales- y ninguno de ellos está en la denuncia de la fiscal general, Patricia Benavides.
La alternativa es acusarlo directamente de traición a la patria, en base en comentarios que hizo en una entrevista de televisión sobre una salida al mar para Bolivia, pero muchos juristas estiman que el caso no alcanza connotación delictiva.
El informe
El informe sobre traición dio este viernes un primer paso, al ser aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por 11 votos contra 10, pero aún debe ir a la Comisión Permanente. Si también pasa esa valla, la votación definitiva será en el pleno.
Según encuestas, la popularidad de Castillo, en medio de los señalamientos por presuntas corrupción e ineptitud, no llega a 30%, pero aun así más que triplica la de un Congreso al que se le atribuyen popularmente los mismos defectos, pero potenciados.
Todos esos temas serán objeto de estudio para la misión de la OEA, que llegará el domingo de la próxima semana para ver si, como dice Castillo, está en marcha un golpe de Estado que viole la Carta Democrática Interamericana.