Tenía 15 años cuando lo trasladaron engañado desde el interior de Jujuy hasta Chavarría, donde lo sometieron a trabajo esclavo.
Una convocatoria en una radio de un pequeño poblado de la provincia de Jujuy creaba expectativas de un trabajo rentable, pero a cientos de kilómetros. La propuesta prometía un salario digno, transporte gratuito hacia el sitio de trabajo y días libres. Nada de eso era cierto. Una de las víctimas de explotación laboral tenía 15 años cuando fue trasladado desde Abra Pampa, provincia de Jujuy, hasta la localidad correntina de Cecilio Echavarría.
Lo había captado un grupo de personas que serían de nacionalidad boliviana, en la primera semana de agosto de 2014. Debido a la necesidad de ingresos económicos, su madre lo dejó partir y los extraños lo trasladaron en una camioneta, un viaje de 19 horas que finalizó en una quinta donde se cultivaban tomates, pimientos y zapallitos.
En ese lugar habría sido alojado en una casa precaria de madera y techo de nailon, junto a otros hombres. “El muchacho no sabía dónde se encontraba trabajando, deseaba regresar a su casa, pero aún no había recibido ningún pago por el trabajo que desempeñaba de lunes a sábado y domingos por la mañana”.
Una tarde escapó del lugar y contó su situación a un vecino, y este denunció el caso llamando al teléfono 145. Ya había pasado un mes de su llegada a Corrientes. Y si bien tenía un teléfono celular con el que se comunicaba con su madre, no tenía medios para regresar a su provincia y su progenitora desconocía dónde se encontraba el menor, lo que también denunció ante las autoridades de su provincia. La Gendarmería inició una investigación y constató la existencia de esa quinta y se pudo encontrar al joven, quien ratificó todo lo que constaba en la denuncia.
Los gendarmes notificaron a la arrendataria, de apellido Maraz, que la situación en la que estaba ese joven era irregular.
El 29 de septiembre, el menor se comunicó telefónicamente con el jefe de la investigación e informó que tras la visita oficial a la quinta recibió una paliza. Este fue el hecho que derivó en un allanamiento al lugar en el que los gendarmes, con una orden judicial, rescataron al menor y a otras víctimas, oriundas de Jujuy y de Bolivia.
Pero en septiembre de 2017 la arrendataria del lugar fue arrestada.
El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes aceptó su solicitud de participar de un juicio abreviado, en el que acordó la pena de tres años de detención. La causa continúa debido a que se trata de identificar a otros involucrados.s