Por intermedio de las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Raquel «Kelly» Olmos (Trabajo), el Gobierno nacional anunció el otorgamiento de un bono de 24.000 pesos para trabajadores del sector privado, legalmente registrados y cuya remuneración no supere los 180.000 pesos antes de los impuestos. También se dispuso un bono de $13.500 para beneficiarios del Potenciar Trabajo que se pagará por única vez en la semana que va de la Navidad a fin de año. Ambas medidas se instrumentaron a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que a la hora de la publicidad no había sido firmado por el presidente Alberto Fernández ni publicado en el Boletín Oficial. Este trámite se completó luego, cuando los interrogantes tapizaban el andar de los funcionarios que ensayaban respuestas evasivas. Ayer todavía quedaban dudas, fundamentalmente en el sector empresario que ahora tiene que hacer frente una obligación salarial impensada.
La primera conclusión además de la improvisación que deja traslucir la decisión oficial es que el valor nominal del bono es directamente proporcional a la fortaleza política del presidente Fernández, que desafió con esta acción a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Como se recordará, la Señora pedía una suma fija para reforzar el salario a fin de año. El profesor Fernández se mantuvo en su idea y sacó un bono: será de $24.000. Es un reflejo también de la pobre situación económica.
Aunque disminuido, el plus no lo tendrá que afrontar el Gobierno sino que se lo carga a los dueños de las empresas, por eso ayer afloraron las quejas de las distintas cámaras, especialmente de las Pymes. No obstante en el sector hay disparidad de opiniones porque así como algunos lo consideran una medida «demagógica», para otros es una decisión «justa y razonable». Todo depende de la espalda financiera de cada compañía.
Por ejemplo, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) cuestionó la decisión oficial y sostuvo que el «ámbito correcto» para negociar mejoras salariales son las paritarias. «Tanto Camima como el resto de las cámaras metalúrgicas firmamos paritarias contemplando las proyecciones de inflación a futuro. Dar dinero sin prestación a cambio es un regalo y nuestras pymes están muy castigadas para regalar en una época donde debemos hacer previsiones de aguinaldo y vacaciones», se quejó el presidente de la entidad, José Luis Ammaturo. El argumento es razonable.
El dirigente consideró que el bono «no arreglará la situación económica de los trabajadores y complicará financieramente a las empresas». Por ese motivo, enfatizó acerca de la medida: «Es demagogia pura, porque hace responsable del pago de un bono a los empresarios que no somos los culpables de la inflación».
A su vez, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su «preocupación» por el impacto que tendrá en el sector productivo el bono que anunció el Gobierno, por entender que esa decisión «afecta la dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios» a través de las paritarias «lo que permitió al salario industrial situarse un 40% por encima del promedio nacional», señaló.
A contramano de los que se quejan, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, opinó que el bono es justo y razonable. «Va a servir para minimizar el impacto de la inflación en los salarios y recuperar poder adquisitivo», resaltó el empresario.
¿De dónde saldrá el dinero para el bono a los privados? De la caja de las empresas. Como ayuda, el Gobierno se compromete a compensar el 50% del impuesto a las Ganancias que se paga el año que viene. Detalle, el bono se paga en menos dequince días y hay que disponer dinero extra para eso.