Diputados logró aprobar reformas de seguridad


Luego de la aprobación de la Ley Bases económica, el Poder Ejecutivo se respalda en el Congreso para imple­mentar su plan de gobierno en otras dos áreas: la refor­ma electoral y un nuevo régimen de seguridad. Esta misma semana, con 138 vo­tos a favor y 94 en contra, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyec­to que cuenta con el tutelaje de Patricia Bullrich: reite­rancia, reincidencia y uni­ficación de penas. Aún resta la decisión del Senado.
Los tres abordajes que in­tegran la propuesta oficia­lista comparten un objeti­vo: ampliar las condiciones para que la Justicia dicte la prisión preventiva y esta­blecer penas más largas a aquellas personas involu­cradas en más de un delito. «La Policía, en reiteradas ocasiones, detiene a los de­lincuentes, pero estos vuel­ven a las calles rápidamente porque el sistema judicial no tiene las herramientas necesarias para aplicar san­ciones más efectivas»’, dijo la titular de la Comisión de Legislación Penal en Dipu­tados, Laura Rodríguez Ma­chado (PRO).
El argumento de la «puer­ta giratoria» y las tratativas del Gobierno nacional con sus aliados terminaron de alinear a la mayoría de los bloques parlamentarios para la media sanción.
Representantes de organi­zaciones activas en el deba­te parlamentario opinaron sobre estos instrumentos. «Desnaturalizan el uso de la prisión preventiva y refuer­zan un problema histórico: el uso de esa herramienta como un castigo anticipa­do, en lugar de hacer un uso excepcional para evitar la fuga o el entorpecimiento de una investigación. Con la noción de ‘reiterancia’, se abre la puerta para que los jueces, sin pruebas con­cretas y ante una mera ‘sos­pecha’, apliquen ese castigo anticipado», señaló Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), quien precisó que «la mitad de los presos en las cárceles y comisarías no son personas condena­das, sino con prisión pre­ventiva. Ese fenómeno se va a agravar aún más sin esta ley».
Su mirada es compar­tida por Kevin Nielsen, vicepresidente de la Aso­ciación Pensamiento Pe­nal, quien subrayó que la reforma se aplicaría en cár­celes federales: «Enfrenta­mos una crisis humanitaria por alojar en comisarías que no están preparadas para tal fin».s

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