Tres diputados nacionales que forman parte del interbloque Unidos presentaron este lunes una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia 25.520 y amplía las facultades de la SIDE, entre otras medidas.
Se trata de dos diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade (Buenos Aires) y Maximiliano Ferraro (CABA), y uno de Encuentro Federal, Esteban Paulón (Santa Fe). Cabe mencionar que estos dos bloques, junto con Provincias Unidas, conforman el interbloque Unidos quienes, comunicado mediante, ya expresaron su rechazo al DNU 941/2025.
Vía X, los tres legisladores anunciaron en sus cuentas la presentación judicial este lunes y subieron en un link el documento completo, donde promueven la acción de amparo contra el “Estado Nacional, Poder Ejecutivo” con el objeto de que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025” fechado el último día del 2025 “por resultar violatorio de los Artículos 99 inc. 3 de la Constitución de la Nación Argentina y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación aplicable por disposición del Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.
Los diputados, en la presentación, señalaron que esta medida no cumple con los presupuestos para el dictado de un DNU “toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna y además vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, -como la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia-, que fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”.
El diputado Ferraro lo detalló vía X: “Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.
“Además, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional” reafirmó.
Los argumentos
En la fundamentación de la presentación, se argumenta, en primer lugar, la “inexistencia de necesidad y urgencia” para tomar esta medida.
En segundo lugar, se marca que el Decreto “fusiona los organismos de seguridad interior con los de inteligencia estratégica”. En otras palabras, se eliminan las fronteras entre la seguridad interior con las amenazas externas y la seguridad nacional como cuestión estratégica. “No puede asimilarse un análisis táctico policial al de un analista con formación en inteligencia estratégica. El decreto no parece diferenciarlo”, señalaron los legisladores.
Otra consecuencia de esta fusión que marcan los diputados, acaso clave, es que “se politiza la ‘inteligencia’. El Decreto introduce una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo; conduciendo así a la pérdida de independencia y objetividad que debería conducir la inteligencia estratégica. Va de suyo que un ‘analista’ estará sujeto a la presión cotidiana en la generación de reportes que satisfagan básicamente los intereses del gobierno de turno, convirtiendo al organismo de inteligencia en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica”.
También, los legisladores sostienen que con esta medida “se militariza la seguridad ciudadana” y que la fusión dificultará incluso la tarea investigativa de los jueces, quienes se verán impedidos de supervisar “acciones típicas” del Código Penal protagonizadas por personal policial, si estas fuerzas se escudan bajo el “secreto de Estado”, argumento que, con esta reforma, “podrían válidamente utilizar”.
El riesgo y la urgencia
El nudo del rechazo, y el mayor riesgo, marcan, es que esta medida sea utilizada contra los propios ciudadanos argentinos. “El mayor de los riesgos es que, a instancias de los mensajes políticos de cada momento, se aplique inteligencia de guerra o de seguridad interior, contra los propios ciudadanos”.
“Cuando esto sucede, las consecuencias son las peores. El proceso puede conducir a dar tratamiento de ‘enemigo externo’ a grupos internos, ciudadanos que demanden satisfacción de reclamos, periodistas que investiguen, políticos opositores, etc. Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, sostuvieron.
En cuanto a la facultad de aprehensión, los diputados señalaron que el DNU 941/2025 “es manifiestamente inconstitucional al avanzar sobre una de las materias vedadas por el art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional, como es la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184”.
Por lo pronto, más allá de la presentación, concretada este lunes, el pedido que crece entre los legisladores de la oposición en ambas Cámaras es que tanto la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia como la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reúnan cuanto antes para evaluar este tema.