Diputado y su hermano tenían «319 archivos» de abuso sexual infantil


El juez Miguel Ángel Faría, del Juzgado de Ins­trucción 4 de Apóstoles, habría ordenado la prisión preventiva de Sebastián Kiczka, quien está acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil al igual que su her­mano y ex diputado Ger­mán Kiczka. 
Según sostienen medios misioneros, la decisión fue tomada después de la falli­da ampliación de indaga­toria en la que Sebastián decidió abstenerse, luego de que su abogado defensor no se presentara a la au­diencia. 
En el texto firmado por el titular del menciona­do estamento de la ciudad misionera, se explicita que al mayor de los hermanos Kiczka «se le imputa la pre­sunta responsabilidad de tener, facilitar y distribuir a personas no individualiza­das alrededor de 319 archi­vos multimedia con conte­nido de explotación sexual infantil». 
Además, se remarca que «en el material secuestrado se observa a niños y niñas de muy corta edad; algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente me­diante diferentes prácticas». 
Por otro lado, en el ex­pediente también se in­daga en la serie de chats que fueron detectados en el primer allanamiento al domicilio del padre de los imputados, en febrero pa­sado, en los que Sebastián afirma haberse bajado «una aplicación para ver neni­tas», habla de su adicción a las menores y de relacio­nes sexuales que presunta­mente mantuvo con varias y hasta invita a tener un encuentro de las mismas características a una ado­lescente de 14 años. 
En aquellos chats el im­putado explicó: «Yo me bajé una app para ver nenitas de 12 años, pero también quie­ro a la de 14, no sé cómo siempre zafo, mirá que me estuve con menores». Asi­mismo, añadió: ‘Ay Dios, me tengo que sacar esa adic­ción a las menores, pero es que me gustan». 
Por último, se determinó que buscaba zoofilia en pá­ginas pornográficas y que muchos registros de abu­sos sexuales de menores habían sido eliminados. La carátula de la causa es «Pu­blicaciones, reproduccio­nes y/o distribuciones de representaciones de un me­nor dedicado a las activida­des sexuales explícitas». 
Todo esto luego de que se supiera que una emplea­da del Juzgado de Paz de Apóstoles mantuvo con­versaciones telefónicas con el ex diputado misionero e imputado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.s

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