La mandataria brasileña abandonó la propuesta de aplicar un gravamen sobre las transacciones financieras debido a que no había tiempo para su aprobación en el Congreso. El proyecto desató duras críticas
La presidente brasileña, Dilma Rousseff, descartó la idea de restablecer un impuesto a las transacciones financieras para cerrar el creciente déficit fiscal del país, después de que enfrentó una serie de críticas incluso desde el interior de su coalición.
Los periódicos Folha y Estado de San Pablo, citando asesores presidenciales, reportaron que Rousseff abandonó la propuesta debido a que se dio cuenta de que no había tiempo para su aprobación en el Congreso, donde este lunes se debe presentar el plan de presupuesto de 2016.
La oficina de prensa de la presidencia dijo que no haría comentarios sobre el tema del impuesto hasta el lunes, ya que Rousseff planeaba seguir discutiendo sobre el presupuesto con sus ministros el domingo.
El gobierno planeaba un proyecto de ley que reinstaure un tributo de un 0,38% sobre las transacciones financieras, conocido como CPMF, para recaudar cerca de 68.000 millones de reales (19.000 millones de dólares) al año.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, dijo el sábado que el impuesto era necesario para lidiar con los problemas fiscales de Brasil en medio de una economía en contracción.
Un funcionario de alto rango del gobierno comentó el viernes a Reuters que Brasil no alcanzaría sus metas de ahorro fiscal de 2016 a menos que el CPMF, que fue derogado por el Congreso en el 2007, fuera puesto en vigor nuevamente.
Dilma Rousseff enfrenta duras protestas
AFP
Pero líderes empresariales, políticos de oposición e incluso miembros del principal aliado del partido de la presidente Dilma Rousseff en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), liderado por el vicepresidente Michel Temer, se oponen al plan para reactivar el impopular arancel.
Ambos periódicos estimaron un déficit en el presupuesto del 2016 de casi 80.000 millones de reales y, si no se encuentran ingresos adicionales, debería reducirse la meta de ahorro fiscal de un 0,7% del producto interno bruto para el próximo año.
La crisis fiscal en medio de una severa recesión ha socavado la confianza de los inversores y puesto a Brasil en riesgo de perder su nota de grado de inversión el próximo año.