El Gobierno de Corrientes aplazó por un año la audiencia pública para el segundo puente. Así lo dispuso el gobernador Gustavo Valdés mediante el Decreto Nº 26 del 20 de enero de 2025, a través del cual el mandatario provincial aprueba la Resolución 001/2025 del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), que establece «diferir» por un año, la audiencia pública y la presentación de documentación sobre el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo para el Segundo Puente Chaco-Corrientes. Tal lo había adelantado este diario en su edición del pasado 11 de diciembre de 2024.
En ese entonces fue Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien comunicó esta situación a los legisladores nacionales, de que la administración no otorgó la licencia ambiental, fundamental para avanzar con el proyecto de obra. «El Gobierno de la Provincia de Corrientes no entregó documentaciones necesarias para que avance el proyecto ejecutivo del Segundo Puente interprovincial con la provincia del Chaco», señalaron desde el Gobierno libertario en diciembre del año pasado. Además, se informó que el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se extendió hasta el 23 de enero del 2025.
Cabe recordar que en noviembre de 2023, durante la gestión nacional anterior, el directorio del BID había aprobado el financiamiento de esta gran obra de infraestructura en un 77%, y actualmente se encuentra en revisión luego de las audiencias públicas. No obstante ello, ahora en las normativas el Icaa responsabiliza a la consultora privada, que evaluó el proyecto ejecutivo, y a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de hacer «requerimientos complementarios para la aprobación del proyecto, los cuales a la fecha no han sido presentados. Como así también se ha remarcado en las reiteradas comunicaciones que la audiencia pública debe realizarse en la zona donde se emplazará el proyecto».
En ese último tramo de la fundamentación, el Icaa menciona que esa audiencia pública debe hacerse en el barrio Esperanza de la ciudad de Corrientes y afirma que la consultora privada que llevó adelante los estudios ejecutivos «propuso otro sitio», sin citar cuál es.
Por esas «documentaciones faltantes», el Icaa recomendó -sin poner fecha- diferir por doce meses (1 año) la realización de la audiencia pública; recomendación que fue aprobada por el Gobernador de la provincia.
En este contexto, el senador peronista Martín Barrionuevo explicó que el informe de impacto ambiental lo realiza una empresa privada porque «hace mucho que vienen desmantelando el organismo rector del ambiente en la provincia. Es lamentable tener un Gobierno que gestiona mal, aún en un proyecto tan importante para la provincia de Corrientes como lo es el segundo puente interprovincial», expresó el legislador peronista.
Y finalmente, el senador del Partido Justicialista manifestó que «hicieron declaraciones y reclamos altisonantes durante años sobre la importancia y necesidad del segundo puente Corrientes-Chaco, pero cuando llegó el momento, no fueron consecuentes con la gestión».
Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2024, casi dos meses atrás, el jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, en su informe ante el Congreso Nacional había citado justamente la falta de realización del «otorgamiento de la licencia ambiental para poder avanzar con la aprobación del Proyecto Ejecutivo» por parte del Icaa.
El organismo provincial es un ente autárquico que está intervenido desde hace 30 años, como otros entes similares en la provincia, por el Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, en medio del empantanado proyecto, por ahora el segundo puente interprovicnial que uniría en un futuro a ambas orillas de Corrientes y Chaco, se traduce a solo una maqueta, que fuera presentada durante el gobierno kirchnerista en la vecina provincia de Chaco