Cuando se peritaron las armas se descubrió que habían sido utilizadas en balaceras resonantes entre diciembre y enero contra la sede de un banco, una escuela y el Hospital de Emergencias de Rosario donde dejaron carteles amenazantes contra el gobernador y su familia. También se detonaron contra una comisaría, la sede de las Tropa de Operaciones Especiales y un domicilio particular donde fue herido un hombre.
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Los ataques fueron la respuesta de los narcos al traslado de sus jefes a pabellones de máxima seguridad que ordenó el gobernador Pullaro apenas asumió el cargo. Las amenazas contra la máxima autoridad provincial conmovieron a Rosario que registra la tasa de homicidios más altas del país a causa de la guerra entre bandas mafiosas.
Cuando el detenido por la policía en aquel operativo declaró en sede judicial, insistió en que había sido víctima de un intento por inculpar a uno de los grupos narco de las balaceras. Por entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó al clan de Fran Riquelme, una célula vinculada a Esteban Alvarado.
Fue entonces que el fiscal Franco Carbone reorientó la investigación que terminó con la detención de los cinco policías y la causa escaló a niveles institucionales preocupantes. Es que la presencia de agentes de las fuerzas provinciales en el entramado narco no es una novedad.
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En las dos megacausas contra Los Monos y Esteban Alvarado se comprobó la participación de policías, algunos de ellos de altísima jerarquía que formaban parte del organigrama de la empresa criminal.
Ahora, la detención de estos cinco policías disparó una serie de sospechas que serán abordadas el próximo miércoles en la audiencia imputativa: ¿los policías fueron los autores de las balaceras y las amenazas contra Pullaro y familia o accedieron a las pistolas luego de los atentados?. De ser así, quién se las dio para inculpar a otra persona.
Además, sigue flotando la duda sobre el alcance de la penetración narco en la policía de Santa Fe que tuvo a sus más altas autoridades comprometidas en causas judiciales. Lo cierto es que la situación es extremadamente delicada. Por su parte, el gobernador puso toda su confianza en la fuerza y en su mayoría le responde, aseguran.
Según datos del Ministerio de Seguridad, el patrullaje preventivo aumentó considerablemente a pesar de contar con solo 20 patrulleros en condiciones en Rosario cuando la nueva gestión se hizo cargo. Actualmente señalan que hay más de 70 «pero necesitamos al menos 200 unidades», afirma el ministro Pablo Cococcioni.
De hecho, la tasa de homicidios bajó en Rosario en los primeros dos meses de gobierno cuando en la ciudad se llegó a contar casi dos crímenes diarios en los últimos tiempos del gobierno de Perotti. A su vez, las amenazas también disminuyeron desde hace unas semanas.