La investigación la hizo la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos con intervención de la Unidad Fiscal . A partir de tareas de inteligencia criminal y análisis de datos digitales, se logró avanzar rápidamente en la identificación de la persona involucrada.
En ese marco, se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca al 1000, procedimiento que arrojó resultados positivos. Durante la medida judicial se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para efectuar las comunicaciones intimidatorias dirigidas a dos instituciones educativas de la ciudad.
Según precisaron las autoridades, el entrecruzamiento de la información recolectada permitió establecer la presunta autoría de las llamadas, identificándose a una mujer como sospechosa. Con el secuestro de los elementos y la individualización de la implicada, el caso quedó esclarecido en el ámbito policial.
En este sentido y de acuerdo a los primeros resultados, además se identificó a una mujer que aparentemente tendría vinculación con el hecho y las amenazas investigadas no revestirían veracidad, logrando de esta manera el esclarecimiento del hecho, descartándose la existencia de una situación de riesgo real.
Finalmente, se recordó que este tipo de conductas encuadran en el delito de intimidación pública, el cual contempla sanciones penales, independientemente de que se trate de acciones que algunos intenten justificar como bromas.