Sobrevivientes y familiares de la masacre del taller textil de la calle Luis Viale, ubicado en el barrio porteño de Caballito, denunciaron que uno de los dueños del inmueble hizo ingresar personal de limpieza para “higienizarlo” y que, con esta excusa, “se pretendió tirar elementos y deshacerse de documentación que son evidencia en una causa judicial en trámite”; al tiempo que reclamaron que “si (la Ciudad) lo quiere limpio, que lo expropien y lo declaren sitio de memoria”.
Además, una de las sobrevivientes del incendio que el 30 de marzo de 2006 acabó con la vida de una joven mujer embarazada de 8 meses y cinco chicos de entre 3 y 15 años, Lourdes Hidalgo, presentó una medida cautelar autónoma ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº7 para que se le ordene al Gobierno de la Ciudad no solicitar la limpieza del lugar.
La mujer, quien es referente de la de la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale, calificó la intromisión atribuida a Daniel Alberto Fischberg, uno de los dueños del lugar, como un “atropello ilegal” durante una conferencia de prensa ofrecida de urgencia en el lugar.
“Buscaron una estrategia para poder borrar las evidencias porque, si querían hacer limpieza ¿por qué no empezaron desde el piso de arriba? En lugar de eso, empezaron con el subsuelo, el espacio donde trabajábamos y sacaron lo principal: los pantalones que cosíamos, las etiquetas, los cochecitos de bebes, las zapatillas de los chicos y la documentación con los pedidos”, dijo Hidalgo a Somos Télam.
“No queremos que este lugar se toque, no queremos que se toque la memoria de nuestros compañeros que perdieron la vida”, agregó
La mujer explicó que junto a la Comisión y familiares de las víctimas se hicieron presentes en el lugar el sábado a las 8:50, a partir de haber sido alertados sobre que “estaba abierta la puerta del taller” que permanece vallada desde hace 18 años.
Ya en el lugar, Lourdes pudo ver cómo un grupo de trabajadores de limpieza estaban sacando diferentes elementos del interior, parte de los cuales ya habían sido arrojados al interior de un volquete.
Ante esta situación, la mujer se interpuso en la puerta y los operarios –que le aseguraron haber sido contratados por Daniel Alberto Fischberg, uno de los dueños-, terminaron retirándose.
“Nosotros siempre estamos en alerta porque en 2019 la justicia corrupta les entregó la llave a los patrones Jaime Geiler y Daniel Alberto Fischberg, e incluso llegaron a ofrecer en venta el lugar”, agregó Hidalgo.
La abogada patrocinante de esta sobreviviente, Paula Alvarado, explicó que todo comenzó con “una intimación de limpieza y desratización” por parte del gobierno de la Ciudad al dueño del inmueble, para lo que es contratada “una empresa privada” que comienza estas tareas por el subsuelo, retirando para su descarte en un contenedor cercano, “documentación, cochecitos de bebé, etiquetas de marcas de ropa”
“El problema es que en el subsuelo hay todavía evidencia de interés para tres causas que actualmente están tramitando: una en el fuero Contencioso Administrativo, otra en el fuero penal -que en principio estaría con condena en ejecución- y una causa civil”, dijo Alvarado
“Esta limpieza trae de la mano el descarte de evidencia judicial a un volquete, cuando hay causas tramitando y una justamente es contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.
El incendio en el taller
Eran las 5 de la tarde aquel fatídico día de 2006, cuando un desperfecto eléctrico inició el fuego en el primer piso de Luis Viale 1269 donde estaban las “habitaciones” de los trabajadores y sus familias, con camas separadas entre sí por cortinas de tela, nylon y cartón.
El lugar estaba habilitado desde 2001 como taller de bordado con cinco máquinas, pero al momento de la tragedia eran 30 las máquinas cosiendo sin parar pantalones de jeans, en jornadas de trabajo de entre 14 y 18 horas.
Eran las 5 de la tarde aquel fatídico día de 2006, cuando un desperfecto eléctrico inició el fuego en el primer piso de Luis Viale 1269 donde estaban las “habitaciones” de los trabajadores y sus familias, con camas separadas entre sí por cortinas de tela, nylon y cartón
Las 64 personas que allí vivían -25 de ellos niños- se tenían que arreglar con un solo baño sin agua caliente, ni heladera, ni un espacio para comer, sin ventilación ni libertad para salir cuando querían y con sueldos que se cobraban con un atraso de entre tres y seis meses.
“Yo había empezado a trabajar tres meses antes del incendio porque necesitaba ahorrar para regresarme a mi país. Ahí se trabajaba muchas horas y en pésimas condiciones. Cuando se cumplió el primer mes, pedí mi paga y me dijeron que pagaban cada tres meses, así que ya no pude pagar la pieza que alquilaba y tuve que aceptar el ofrecimiento de vivir ahí mismo; era la estrategia que tenían para retener los trabajadores”, contó Hidalgo el año pasado a la Agencia Nacional de Noticias Télam.
La causa judicial
En 2016, el encargado Juan Manuel Corea y el capataz Luis Sillerico fueron condenados por el Tribunal Oral Criminal N° 5 a 13 años de prisión por “reducción a la servidumbre”.
En 2019 el Juzgado Criminal y correccional N° 27 absolvió del delito de “reducción a la servidumbre en concurso con estrago doloso” a los dueños del inmueble y la marca de jean, Daniel Alberto Fishberg y Jaime Geiler, a quienes les fueron devueltas las llaves del lugar.
Actualmente, no quedan personas presas por estos hechos y como Geiler falleció, sus bienes están en proceso sucesorio.
“Las malas condiciones del lugar eran muy notorias y las veían los policías cuando venían a pedir jeans de los que nosotros cosíamos. Todos sabían lo que estaba pasando, la policía, los dueños, los funcionarios del Estado y si alguien hubiera hecho algo, estas muertes se hubieran evitado”, dijo.
De hecho, en 2015 en un taller textil de la calle Páez del barrio de Flores murieron dos niños de 10 y 5 años; y en 2018 en otro del barrio de Mataderos murió una niña de 11, en ambos casos por incendios.
El principal reclamo de las víctimas, además del pedido de justicia, es que el predio del barrio de Caballito sea expropiado y transformado en un “sitio de la memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral”.
Y aunque diferentes proyectos en ese sentido fueron perdiendo estado parlamentario en la Legislatura, la sanción de la ley 27.695 que en octubre de 2022 declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble donde funcionó el boliche ‘República de Cromañón” es considerado un antecedente favorable y la diputada Mónica Macha presentó el año pasado un proyecto en ese sentido.
“Producto de una construcción política que fuimos haciendo con los compañeros y compañeras sobrevivientes del incendio Luis Viale, creemos que el sitio tiene que ser expropiado, porque ahí sucedió una masacre absolutamente evitable que pone de manifiesto y visibiliza las condiciones en que trabajan muchas personas migrantes, que son uno de los eslabones de la industria textil en nuestro país”, dijo Macha a Somos Télam.
“Lo que sucedió en aquel incendio, como resultado de negligencias, de despreocupación por los trabajadores y sus condiciones no solamente de trabajo, sino también de vida, nos hacen trabajar en la línea de que este espacio pueda ser un sitio de memoria que dé testimonio de lo que sucedió y también sirva para generar instancias de prevención para que eso no se vuelva a repetir”, agregó.
En 2021 el inmueble de Viale fue señalizado con una placa votada por la Legislatura con motivo de los 10 años del incendio, que fue vandalizada y está pendiente de reposición.
En 2021 el inmueble de Viale fue señalizado con una placa votada por la Legislatura con motivo de los 10 años del incendio, que fue vandalizada y está pendiente de reposición.
“Aquí funcionó un taller textil clandestino. A 10 años de su trágico incendio en el que fallecieron: Juana (25), Harry (3), Luis (4), Rodrigo (4) , Elías (10) y Wilfredo (15). No olvidaremos”, decía la baldosa de mármol destruida y sustituida por improvisados pintadas.
Hidalgo afirmó que impulsan estos proyectos porque “no queremos que estas muertes queden al olvido” después de haber sido “ignoradas” por la justicia y la sociedad en general, producto de “la discriminación por tratarse de trabajadores migrantes, quechuas y aymaras”
“Nos dicen que nosotros venimos a quitar el trabajo, mientras que las transnacionales imperialistas van de país en país a saquearles su riqueza y ante eso, callan. Mientras que a nosotros nos atacan, no nos dan lugar para reclamar por nuestros derechos o nos arman causas para deportarnos, cuando morimos como murieron en el taller Luis Viale, cosiendo ropa para los argentinos, el Estado calla a pesar de que todos sabían lo que allí estaba pasando”, concluyó Hidalgo.