La crisis política de Perú se agravó esta semana por fallos del Tribunal Constitucional (TC) que, según expertos, rompen el equilibrio de poderes, un pilar básico de la democracia, para entregarle mayores potestades al Congreso, incluido el manejo de los entes electorales.“El TC está destruyendo al régimen democrático. El Congreso ya no va a poder ser controlado por el Poder Judicial. Todo el poder queda concentrado en el Congreso, que se vuelve intocable” reclamó Marianella Ledesma, expresidenta de ese tribunal.
“Ha sido abolida la separación de poderes. El poder absoluto lo tiene el Congreso y el Tribunal Constitucional es un ente irrelevante que no va a revisar nada de las inconstitucionalidades que haga el Congreso”, coincidió la abogada y analista política Rosa María Palacios.
Un fallo del TC, seis de cuyos siete miembros fueron elegidos el año pasado por el actual Congreso en un proceso muy polémico en el que se acusó a la derecha dura de imponer a sus candidatos con el aval de un sector de la izquierda, establece que el Poder Judicial ya no podrá actuar sobre las decisiones de los parlamentarios.
Hasta ahora era posible que los jueces detuvieran una acción del Congreso mientras se aclarara su constitucionalidad. Las nuevas disposiciones no solo lo impiden, sino que establecen castigos para magistrados que pretendieran intervenir.
“Así, esta sentencia a favor del Congreso rompe el principio de que no hay zonas exentas de control. El Congreso se vuelve intocable”, criticó Ledesma.
Otra decisión controvertida del TC es que el Congreso sí puede, a diferencia de lo que ocurre actualmente, destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los tres organismos que intervienen en la realización de elecciones.
Los sectores de derecha del Congreso tienen explícitamente en su mira al presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quienes acusan, sin prueba y contra la opinión de las misiones de observadores nacionales y extranjeras, de “fraude” para permitir el triunfo del expresidente Pedro Castillo en las elecciones de 2011.
Hasta ahora, sin embargo, los parlamentarios no han podido actuar contra Salas o Corvetto, porque la Constitución, “sabiamente” en palabras de Ledesma, dejaba al JNE, la ONPE y la Reniec fuera del alcance del Legislativo.
En entrevista con el diario La República, la expresidenta del TC trazó un símil con un partido de fútbol: “Es como si se les permitiera a los jugadores decidir la continuidad de un árbitro. El árbitro sabría que su continuidad depende de lo que decidan los jugadores y perdería su neutralidad”.
“Es decir, que el Congreso persigue políticamente al tribunal que decide sobre su elección. En mi vida he visto una cosa así. Esto es prevaricato, es un escándalo”, agregó por su parte Palacios en su programa de televisión online.
“Es una situación que forma parte de un plan diseñado para controlar absolutamente todas las instituciones. Ya no vivimos en una democracia sino en un gobierno autoritario”, comentó el jurista Avelino Guillén, quien, como fiscal, logró en 2007 la condena a 25 años de cárcel para el expresidente Alberto Fujimori.
Analistas coinciden que las decisiones del TC, cuyos miembros supuestamente están pagándole al Congreso el “favor” de haberlos designado, apuntan a consolidar un sistema de control para el actual período y los siguientes.
“Lo que va a hacer el Congreso es instalar en términos prácticos y concretos un régimen parlamentario sin cambiar la Constitución. El TC se ha convertido en una extensión del Congreso que va a certificar y darle al Congreso las ramificaciones que la faltan para tener absolutamente todo de su lado”, señaló el analista Glatzer Tuesta.
“En la práctica lo que ha obtenido la derecha dura, es que si gana la elección, como no ha pasado en los tres últimos procesos frente a los peores candidatos, va a tener todo controlado como a (la presidenta) Dina Boluarte. Y si no gana, al que gane lo van a tener acorralado”, agregó Tuesta en su programa de radio online.
Para el analista, “ahora entiendo más por qué Boluarte ha decidido entregarse en cuerpo y alma a esa coalición y no le importa cargar 60 muertos”, pues con este TC, con la Fiscalía General, la presidencia del Poder Judicial, la Controlaría y posiblemente pronto con la Defensoría del Pueblo -ahora en interinato-, tiene todos los resortes de protección.
Para el sociólogo Carlos Monge, lo que ha logrado la derecha es instalar un trípode de poder y control que, según él, está formado por “(el primer ministro, Alberto) Otárola, el ala más limeña, pituca (adinerada), racista y desconectada de la élite política tradicional y las Fuerzas Armadas”.
Monge también situó dentro de ese escenario al proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso para aumentar las penas para quienes participen en protestas que puedan derivar en violencia.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada este domingo, el Congreso alcanzó el pico histórico de 90 % de desaprobación popular -95% en el sur del país-, contra 6 % de aprobación. Boluarte, en tanto, tiene 15 % de apoyo y 77 % de rechazo, el que en su natal sur andino sube hasta 86 %.
La misma medición indica que 69 % de los peruanos quieren elecciones este año, 19 % prefiere que se hagan el próximo y solo 8 % estima que los actuales Ejecutivo y Legislativo deben quedarse hasta 2026, cuando vence su período original.
El actual Congreso ha dilatado el llamado a nuevos comicios, a pesar de que varios parlamentarios aseguran estar a favor.
Las protestas contra el Gobierno y el Congreso han dejado 59 civiles y un policía muertos desde que Castillo fuera destituido el 7 de diciembre y reemplazado por la vicepresidenta, quien, en lugar de asumir como gobierno de transición y anunciar comicios, dijo que seguiría hasta 2026, aunque ahora asegura que está de acuerdo con recortar el mandato.