El Gobierno nacional intenta desde el inicio de la gestión disminuir las acciones que recortan la contratación de mano de obra, situación que tiene en la legislación el principal escollo.
Es así que es uno de los puntos centrales encarado desde los especialistas, para dar, finalmente, esa herramienta que implicaría aumentar el índice laboral.
Si embargo, hasta ahora la cuestión no se da: la falta de legislación, el freno judicial a los cambios en el DNU dejan al descubierto que la denominada industria del juicio continúa.
Según datos recientes de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), se proyecta un crecimiento del 6% en los juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales para el cierre de 2024, informó la agencia Noticias Argentinas.
Esto significaría que el número total de demandas llegaría a 124.000, superando las 117.000 registradas el año anterior. Entre enero y septiembre ya se habían iniciado 94.102 nuevos reclamos en todo el país.
Este incremento de la litigiosidad laboral ocurre en un contexto paradójico.
Mientras los accidentes laborales han disminuido un 49% y las muertes por esta causa se han reducido en un 78%, los juicios no dejan de aumentar.
A pesar de que el sistema de riesgos laborales ofrece atención médica inmediata y de calidad, con indemnizaciones actualizadas en línea con los salarios, la judicialidad sigue creciendo, especialmente en localidades como Buenos Aires, la Caba y Santa Fe, que encabezan el ranking de demandas.
La provincia de Buenos Aires concentra el 41% de las demandas, con 38.072 casos registrados en los primeros nueve meses del año.
Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), con 17.013 demandas, y Santa Fe, que con 12.466 casos muestra un aumento del 29% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este fenómeno afecta gravemente a la competitividad y al desarrollo económico, al obstaculizar la generación y el registro de nuevos empleos. Esto se evidencia cuando se compara con otros países de características similares.
Mientras que Argentina presenta un nivel de judicialidad 13 veces mayor que el de España, y 21 veces más que Chile, la competitividad se ve afectada, deteniendo el desarrollo económico y el crecimiento del empleo.
Una de las soluciones propuestas por la Uart para reducir esta alta judicialidad es la correcta implementación de los cuerpos médicos forenses, tal como lo estipula la ley 27348/17.
Esta ley exige que los peritos médicos, quienes evalúan las incapacidades laborales, sean seleccionados mediante concurso de antecedentes y que sus remuneraciones no dependan del resultado del juicio. Actualmente, solo la provincia de Mendoza ha implementado esta medida, y sus resultados son alentadores.
Según la Uart, corregir esta distorsión judicial es crucial para la recuperación económica del país. Si el sistema funcionara correctamente, los 10,2 millones de trabajadores cubiertos por los riesgos laborales podrían duplicarse, incluyendo a trabajadores autónomos, monotributistas y no registrados. Resolver este problema permitiría generar más empleo y mejorar el bienestar social.
El punto tiene un dato que deja a las empresas con la promesa de campaña incumplida, ya que el Presidente insistió el año pasado en avanzar con este tipo de medidas.
La realidad golpea y hay todavía mucho por avanzar con la impronta libertaria, pero con el reclamo en puerta.s