Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito por la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La escribana explicó que la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, se hizo con un adelanto de 30 mil dólares, y que los 200 mil restantes fueron en 12 cuotas.
Esas cuotas, según la profesional, fueron sin interés.
La notaria había sido citada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien le requirió que concurra a la declaración con la documentación notarial vinculada a su intervención en la compra de ese departamento, ocurrida a fines del año pasado. Así fue que se presentó cerca de las 9 de la mañana en la sede judicial, y una hora después comenzó a declarar. Cerca de las 13 salió y declaró ante la prensa que Adorni es cliente suyo hace bastante tiempo y que no advirtió ninguna irregularidad en el procedimiento de compraventa de la propiedad.
“Fue una operación normal”, aseguró. También dijo que las dos jubiladas que aparecen como prestamistas, Claudia Sbabo y Beatriz Viega, no le prestaron los 200 mil dólares en efectivo, sino que se trató de una “hipoteca por saldo de precio”. Se trata de una forma de financiamiento entre comprador y vendedor, en la que queda saldo a favor de, en este caso, las vendedoras.
Cuando los periodistas le preguntaron por las siete veces que fue a ver a Adorni a la Casa Rosada, Nechevenko dijo que “a mi cliente no le gustaría que explicara eso”.
La escribana fue la segunda testigo en declarar en la causa que tiene bajo investigación al jefe de Gabinete. Ayer lunes lo hizo el ex jugador de Lanús Hugo Morales, propietario del departamento, quien contó que sus intenciones eran vender en 250 mil dólares, pero terminó haciéndolo en 200 mil. Alegó que estaba en un importante estado de deterioro.
Este miércoles, supo Tiempo, la mujer expresó bajo juramento que Adorni no recibió dinero en efectivo por el préstamo que le hicieron las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viega. Por el contrario, siempre según la versión de la escribana, acordaron que el actual funcionario les pagaría en cuotas durante un año, por lo cual esos pagos aún estarían en proceso. Ambas vendedoras están citadas a declarar este jueves, también a testimonial.
Más dudas
En principio, la declaración suma aún más dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. El interrogante que resuena es cómo encaró una adquisición con un acuerdo económico que está lejos de tener relación proporcional con su sueldo como jefe de Gabinete.
Nechevenko detalló que el funcionario acordó con las dos jubiladas pagar los 200 mil dólares restantes tras el primer adelanto en 12 cuotas. Así, cada cuota sería de 16,6 mil dólares por mes, una cifra muy por encima de los 3,5 millones de pesos que Adorni ganaba como funcionario al momento de la compra, y también por encima del salario actualizado, que llegaría a 7 millones de pesos. El acuerdo de pagos vencería en noviembre próximo.
Cómo encaró los pagos y por qué las jubiladas aceptaron hipotecar sin interés son sólo un puñado de los interrogantes que dejó la testimonial.
Además del proceso de adquisición del departamento de Caballito, Nechevenko también intervino en una hipoteca anterior que el funcionario hizo sobre su departamento de la calle Asamblea con otras dos mujeres y en la compra de la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz. Según pudo reconstruir este medio, la escribana declaró no tener información acerca de los fondos con los que el jefe de Gabinete y ex vocero presidencial encaró esas compras.
Mañana declararán Viega y Sbabo, mientras que la semana que viene, el lunes, se prevé la declaración de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, las mujeres que le prestaron 100 mil dólares (85 mil y 15 mil dólares, respectivamente) para la hipoteca del departamento de la avenida Asamblea.
Adorni es defendido por el abogado penalista Matías Ledesma, que tiene por delante una tarea compleja: demostrar que el funcionario no se enriqueció de manera ilícita. Es que en esa figura opera una especie de inversión de la carga de la prueba, y el propio imputado debe probar el origen lícito de su patrimonio.