Las partes aguardaban a que se conozca un informe médico final a cargo de profesionales del Poder Judicial jujeño, aclaratorio del estado de salud actual del acusado en cuestión, el abogado Alberto Bellido, imputado junto con Sala y el empleado judicial Marcos Romero.
Bellido fue sometido en las últimas semanas a una operación cardíaca luego de denunciar extorsión por parte de la fiscalía en su última participación en las audiencias, el pasado 5 de septiembre.
En ese marco, apenas iniciada la audiencia de este martes se leyó el informe que ratificó, como ya se había expuesto ante el Tribunal, que el imputado podía asistir al proceso pero como «participe pasivo», sin poder ser sometido por el plazo de 30 días -desde el 13 de octubre- a situaciones de estrés, como un careo que el mismo Bellido, al frente de su defensa, planteó al inicio del debate.
La defensa del imputado avanzó en poner en consideración que incluso Bellido venía con voluntad expresa de ejercer su defensa personal de forma material, y pidió, como ya había solicitado, que se lo separe de la causa o en subsidio se tome una definición sobre la continuidad del proceso.
El fiscal de Cámara habilitado, Diego Funes, por su parte, haciendo hincapié en el informe médico y en la serie de audiencias «infructuosas», habló de una afectación del correcto desarrollo del debate, particularmente en torno al principio de continuidad, por lo que también hizo el pedido de nulidad de la audiencia del proceso desde el inicio del debate.
En tanto, pidió que el Tribunal no se aparte del entendimiento del proceso y solicitó que se fije en lo inmediato una fecha de reinicio del debate.
Por otro lado, el abogado de Romero adhirió parcialmente al pedido de nulidad del juicio; apeló a la insubsistencia de la acción penal y solicitó el sobreseimiento de su defendido.
La defensa de Sala sumó petición en contra de que mantenga su competencia el actual Tribunal, al señalar que debe desconocer completamente lo que se trate en el proceso y que «es la única manera de sostener las garantías constitucionales».
Tras analizar lo solicitado, el Tribunal, integrado por María Nallar, Carolina Pérez Rojas y Mario Puig, resolvió por unanimidad declarar la nulidad del debate desde su inicio, el 18 de agosto pasado, por la incapacidad temporal del imputado Bellido para participar activamente del proceso.
En base a lo anterior, además no se hizo lugar a los otros planteos realizados. En cuanto a si el Tribunal mantendrá su competencia, finalmente resolvió elevar la causa al Superior Tribunal de Justicia para que determine el Tribunal en lo Criminal que deberá continuar en el proceso.
«Es una resolución final que veníamos planteando hace tiempo, principalmente por la salud de Bellido, que es grave, y segundo por el proceso, que no podía continuar de ninguna forma», expresaron sus abogados Julián Palmieri y Juan Cabezas tras la sentencia, y al indicar que «lo que se dio fue la aceptación de que realmente se trataba de una situación delicada de salud, refrendada por los médicos del Poder, que ya existía pero no se la había querido aceptar».