No hay libertad de prensa sin los y las periodistas libres, y no hay periodistas libres sin instrumentos legales que los y las protejan. Esa idea, tan simple como incómoda para algunos, es la que hoy está en juego cuando se pretende eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.
A 79 años de su sanción, la pregunta no es si el Estatuto envejeció, sino si, en un contexto atravesado por algoritmos, altos niveles de desinformación, prácticas de manipulación y una precarización cada vez más profunda, los legisladores argentinos están dispuestos a privar a los periodistas y al pueblo de la Nación de ciertas garantías mínimas que aún así lo hacen posible.
El Estatuto, sancionado el 18 de diciembre de 1946 como la Ley 12.908, consagra a los periodistas “el ejercicio de los siguientes derechos, sin otras limitaciones que las expresamente determinadas por la autoridad competente:
- al libre tránsito por la vía pública cuando acontecimientos de excepción impidan el ejercicio de este derecho;
- al acceso libre a toda fuente de información de interés público;
- al acceso libre a las estaciones ferroviarias, aeródromos, puertos marítimos y fluviales y cualquier dependencia del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal”.
Pero, además, establece que “la libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables”. También prevé que en algún momento los colaboradores sean empleados y no externos, lo que significa que las empresas periodísticas deben proveer su defensa, lo que en épocas de vuelta a las querellas penales y juicios civiles por las cosas que se publican, no es poca cosa.
El proyecto de reforma de varios aspectos de la legislación argentina, impulsado por el gobierno de Javier Milei, postula la derogación de este instrumento, que ha dado el marco para identificar a quienes ejercen la actividad, los derechos que emanan de su condición profesional y -además –ciertas reglas que hacen a la contratación de los mismos como empleados de una actividad que en el derecho comparado expone protecciones específicas.
Otro de los atropellos escondido en los pliegues de este paquete legislativo de precarización es la derogación de un capítulo entero de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no solo dejará sin fondos a gran parte de las actividades artísticas nacionales, sino que a la vez implicará que quienes explotan servicios a través de las ondas hertizianas de la tele, la radio y el satélite dejarán de pagar por ello (¡menuda transferencia de fondos!).
Claramente, esta propuesta no se da en un entorno vacío.
El informe presentado este mes por Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. (FATPREN) Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la carrera de Comunicación Social de la UBA indica que hubo un aumento del 66% en los casos de represión y agresiones a periodistas durante coberturas de protestas, así como sobre la consolidación de prácticas de persecución judicial, obstáculos al trabajo periodístico y hostigamiento en redes sociales que, según el relevamiento, han sido promovidos por el Poder Ejecutivo en los últimos dos años. Esto refleja un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo y el derecho a la información, con implicancias directas para el pluralismo informativo y la democracia.
Con este contexto, sería una zoncera asumir que el estatuto no tiene repercusión en la protección del trabajo periodístico, pero sería un error histórico pensar que la defensa del mismo se vincula sólo a la protección contra el despido arbitrario o las vacaciones preferidas. Es menester entender que constituye una conquista histórica que sirve de base y no de punto de llegada -y viendo las paritarias del sector se nota a la legua aún faltando una modernización en serio para actualizar los mecanismos de protección frente a nuevas amenazas-. Sirve para que los periodistas pregunten y repregunten, entren a los lugares que el poder no quiere que entren y que no los echen a tarifa barata cuando llamen a patronales sensibles que en gran cantidad de casos se dedican a otras actividades en las que un pulgar arriba o abajo de un funcionario destroza una carrera profesional. Esa es la razón de la protección agravada en la indemnización.
Defender el Estatuto no implica desconocer los cambios profundos que atraviesa la profesión. Como dijimos, hay una deuda referida a la discusión del periodismo en el entorno digital, que avanza velozmente. La innovación digital, las plataformas y las prácticas de moderación que en más de una vez arrasan con la libertad de publicar, los algoritmos y la inteligencia artificial, la reproducción infinita de notas o imágenes han transformado rutinas, formatos y modelos de negocio y eso debe ser parte de los convenios colectivos de trabajo. Pero nada de eso se resuelve suprimiendo derechos. Acá -insistimos–, el contexto nos invita a pensar bien. Con solo mirar cualquier informe sobre el estado de la libertad de expresión en la Argentina aparece con claridad que no se trata de modernizar nada.
Habrá que reflexionar, en este marco y con esta realidad, sobre quién y por qué hace silencio pudiendo hacer público el rechazo. Pero nuevamente nos vemos invocando el dicho de Brecht, o el proverbio chino.
Lo que se enfrenta no es una discusión de modernización laboral. Es un ataque artero como el que cae también sobre científicos y docentes. Es sobre la búsqueda de la verdad y del pensamiento crítico. Y para ello la libertad de expresión y su manifestación más auténtica -el periodismo en dichos de la Corte Interamericana- es imprescindible.
La libertad de expresión como pilar de la democracia (en palabras de la Corte Suprema de Justicia) no se defiende debilitando a quienes la ejercen, sino asegurando que puedan hacerlo sin miedo, sin precariedad y sin silenciamientos directos o indirectos. Esa es, hoy, la verdadera disputa.
Si luego de leer estas líneas hay quien crea que la derogación del Estatuto es un problema laboral, no entendió el significado del contexto en que se alentaba a odiar a los profesionales de la prensa.
